Cancún. – El colectivo “Malinches Ingobernables”, presidido por Diana Miramontes, denunció graves irregularidades en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, relacionadas con casos de sustracción de menores y violencia vicaria. Durante una conferencia frente al Centro de Justicia para la Mujer, Miramontes destacó la inacción de las autoridades en estos casos, lo que ha llevado al abandono de numerosas carpetas de investigación.
Miramontes señaló que la falta de tipificación de la violencia vicaria como violencia de género en el estado ha permitido que las denuncias no avancen adecuadamente. A pesar de que las madres afectadas han presentado el depósito judicial y solicitado acciones para que los padres involucrados presenten a los menores, los agentes del Ministerio Público (MP) han obstruido el proceso. Según la presidenta del colectivo, las carpetas de investigación son escondidas o se emiten acciones de no ejercicio penal para evitar continuar con los casos.
La activista denunció además que los presuntos agresores sí tienen acceso a los documentos, lo que agrava la situación. “Hasta que cerramos la Fiscalía aparecieron las carpetas, eso qué quiere decir, que venden las carpetas”, expresó, acusando una posible corrupción dentro de la institución.
El colectivo ha presentado denuncias contra estos funcionarios ante la Contraloría y Derechos Humanos, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para sancionar a los responsables. Miramontes también cuestionó el papel del Centro de Justicia para la Mujer, afirmando que este organismo, que debería proteger los derechos de las mujeres, no cumple su función y termina revictimizando a las madres que buscan justicia.
En su intervención, la presidenta lamentó que las denuncias por violencia vicaria no prosperen debido a que el Código Penal de Quintana Roo clasifica esta violencia como violencia familiar, lo que dificulta el acceso a una justicia adecuada. “Aquí en este centro hemos metido denuncias por violencia vicaria, las cuales rebotan, ya que dicen que no hay una acción penal”, señaló.
El colectivo exige que se promueva una iniciativa de ley que tipifique la violencia vicaria como una forma de violencia de género, con el fin de garantizar una mejor atención y protección a las víctimas. Miramontes también hizo un llamado a la creación de una mesa especializada en casos de sustracción de menores y violencia vicaria, dado el alarmante aumento de estos casos, que, según informó, han incrementado un 200% en 2024.
“Yo hace un año tenía cuatro demandas por sustracción, ahora tengo 25 y son las que me llegan”, concluyó.
