La prisión preventiva oficiosa en México surgió en 2008 como una respuesta al creciente problema del narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. Acordada por consenso entre el PAN, el PRI y algunos legisladores de izquierda, esta medida inicialmente abarcaba cinco delitos graves, como delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Sin embargo, en los últimos 15 años, su alcance se ha incrementado considerablemente, llegando a incluir 22 delitos bajo los gobiernos de Morena.
Expansión del catálogo y sus implicaciones
El argumento central para justificar la ampliación del catálogo ha sido combatir la “puerta giratoria”, es decir, evitar que los detenidos por delitos graves sean liberados poco después de su detención. Actualmente, el artículo 19 de la Constitución contempla una lista de 19 delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, que incluyen feminicidio, violación, corrupción y delitos relacionados con hidrocarburos, entre otros. Recientemente, Morena impulsó la incorporación de tres nuevos delitos: extorsión, tráfico de fentanilo y falsificación de comprobantes fiscales. Una vez aprobada esta reforma por la mayoría de los congresos estatales, el catálogo alcanzará 22 delitos.
Cuestionamientos internacionales y debate jurídico
Pese a su aplicación recurrente, esta medida ha sido duramente criticada por organismos internacionales, como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla una posible violación al principio de presunción de inocencia. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido propuestas para declarar inconstitucional esta figura, aunque estas han sido pospuestas, en parte, por la presión política ejercida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Origen y contexto histórico
La idea de la prisión preventiva oficiosa se consolidó como una medida emergente en un contexto de alta inseguridad. Felipe Calderón, en su proyecto de justicia penal de 2007, enfatizó la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la sanción efectiva de los delitos. Aunque esta iniciativa fue enriquecida por legisladores de diversos partidos, en el proceso de transición de 2018, Morena promovió una reforma significativa para ampliar el catálogo.
Perspectivas actuales
Con niveles de inseguridad similares o superiores a los de hace 17 años, el actual gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, considera que la expansión del catálogo es una herramienta clave para frenar la violencia y el crimen. Sin embargo, el debate continúa, dividiendo opiniones entre quienes ven en esta medida un freno necesario al delito y quienes la consideran una vulneración a los derechos humanos.
