Ciudad Juárez. – Diversas organizaciones civiles han denunciado que Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), está buscando “diluir su responsabilidad” en el proceso penal que enfrenta por el incendio ocurrido en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. El trágico incidente resultó en la muerte de 40 personas y lesiones a 27 más.
Garduño, vinculado a proceso por “ejercicio ilícito del servicio público”, ha propuesto al juez de control, Víctor Mario Hernández, una suspensión condicional del proceso. Este mecanismo legal permitiría que Garduño extinga su responsabilidad penal si cumple con ciertas condiciones establecidas por el juez, quien tomará una decisión sobre la propuesta en una audiencia programada para el 22 de septiembre.
Las organizaciones Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access México, y Derechos Humanos Integrantes en Acción, suscribieron un mensaje alertando sobre esta posible resolución. Según ellas, aceptar esta solución alterna podría dejar impune a un alto funcionario, a pesar de la gravedad del caso y de que la investigación aún está en curso para determinar la responsabilidad completa de los implicados.
Cabe destacar que Garduño es el único de los 10 imputados en el caso, nueve de los cuales son funcionarios públicos procesados por homicidio y lesiones, que enfrenta su procedimiento en libertad. El delito imputado a Garduño es considerado no grave, lo que le permite solicitar esta suspensión condicional del proceso, a diferencia de los otros acusados.
Las organizaciones también expresaron preocupación por la posibilidad de que la justicia se enfoque en sancionar a migrantes, mientras que los altos mandos del INM, responsables de ejecutar las políticas migratorias, podrían evadir sus responsabilidades. Además, recalcaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha calificado los hechos como “graves violaciones a derechos humanos”.
La suspensión condicional del proceso, vigente en México desde 2016, es una solución alterna que requiere que el delito no sea grave y que el imputado cumpla con una serie de condiciones, como la reparación del daño, participación en programas de prevención, o sometimiento a vigilancia, entre otras. Las organizaciones que acompañan a las víctimas de esta tragedia han señalado su preocupación por las posibles irregularidades procesales y el impacto social que tendría conceder esta suspensión al comisionado Garduño.
