Trabajadores del Ayuntamiento Puerto Morelos filtraron a la opinión pública documentos que exhiben el presunto desvío de dinero público, peculado, simulación de operaciones, daño patrimonial y abuso de confianza cometido por la edil con licencia Blanca Merari Tziu Muñoz (candidata de MORENA, Verde y PT en busca de reelección) y funcionarios que operan en descarado usufructo del presupuesto; esta red de complicidad es la que los empleados municipales llaman ya “el clan del saqueo Verde”.
Los documentos oficiales acompañados por un resumen elaborado por empleados del municipio (que por temor a represalias recurren al anonimato), comprueban la simulación en servicios y/o adquisiciones, fondos revolventes, gastos a comprobar y viáticos, algunas de las partidas presupuestales por las cuales se ha desviado millones de pesos, dinero de los portomorelenses.
“La rapiña comenzó cuando arribó Blanca Merari al ayuntamiento, ya que de octubre de 2021 a la fecha se realizan operaciones fraudulentas, orquestadas por amigos y compadres de Blanca y Abraham Masegosa, que abarca desde la Presidencia, regidores afines, secretarios, directores generales y de área, coordinadores”, subraya el documento. Refiere que se autorizan montos por concepto de fondos revolventes, que van desde 100 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos mensuales, los cuales son comprobados con la compra de facturas simulando servicios prestados o compra de materiales de limpieza, papelería o alimentos. Estas cantidades son mensuales por lo que existen servidores públicos que han recibido durante esta administración desde 310 mil pesos hasta 2 millones 300 mil pesos, recursos públicos desviados sólo por esta partida presupuestal de conformidad con la lista de responsables de fondos revolventes.
El clan del saqueo verde en Puerto Morelos también desvía el dinero ajeno en la partida “Viáticos”, montos asignados a manera de premio, ya que no existen comisiones, reuniones o eventos señalados en la partida. Las transferencias electrónicas se realizan a discreción y van desde los cinco mil hasta los 30 mil pesos por “comisión”, dependiendo los días que se premien. De acuerdo con la fuente, no sólo se quedan con el recurso, sino que no van a trabajar esos días y cobran quincena completa. Estas comisiones las repiten hasta 2 veces por semana, en la mayoría de casos se les pide 50% de los montos transferidos y en casos especiales les piden todo el recurso.
La red de saqueo palomeada por Merari tiene por cómplice a la directora de Egresos Lidice Monserrat Gutiérrez Briseño, quien recién asumió cargo en 2022 y es hermana de la directora de Relaciones Públicas, Elena Gutiérrez Briseño, socialité del municipio que durante el trienio de Laura Fernández fue subdirectora de Ingresos en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y coordina la afiliación en el Partido Verde.
También valida las supuestas operaciones fraudulentas la tesorera municipal, Ana Isabel Luna García, que en menos de un año da muestra de floreciente riqueza ya que es dueña de un edificio de tres pisos recién construido, así como la adquisición de tres vehículos de agencia).
Lidice Gutiérrez y su jefa Ana Luna comprueban las operaciones con un formato sencillo que firma o sella cualquiera. Incluso, los supuestos beneficiarios ya poseen fotocopias selladas por las dependencias que visitan. Los principales ejecutores medrando este recurso son: la contralora Mirna Leticia Ramírez Cetina; el secretario particular Abraham Masegoza Raña; la propia tesorera Ana Isabel Luna García; el director de Programación y Presupuesto, José Luis Ciau Xiu, y demás responsables de la lista de fondos.
Desde la partida “Gastos a comprobar” se han desviado millones de pesos del caudal público, comprobando tales montos con la compra de facturas en el concepto servicios ficticios, compra de materiales o alimentos ficticios. Las facturas reflejan montos “inflados” que no corresponden con los costos en el mercado. Utilizan el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de negocios a los que funcionarios de Tesorería llevan la contabilidad particular, como el caso del director de Contabilidad José Luis Ciau Xiu; el coordinador técnico de la dirección de Egresos, Víctor Josué Martínez Balam; jefe de la Dirección Contable, Rocío Melgar Sosa; jefe de la Dirección de Fiscalización, Gabriel Reyes Hernández y su pareja sentimental Karla Sánchez Gómez, gestora. También participan el coordinador administrativo de Tesorería, Gabriel Enrique Noverola Castillo; el director de Recursos Materiales Alvaro Masegoza Raña; quienes ostentándose del título de contador público utilizan la cartera de clientes para generar facturas sin su consentimiento.
Casos aparte del cinismo que permea en la administración de Blanca Merari son: el del director general del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Reyes Antonio Chuc, ex pareja sentimental del primer asesor jurídico que tuvo el ayuntamiento y coordinador de Acción Electoral en el partido Verde; así como el de la directora de Cultura y Artes Brittany Janney López García, trasvestido que en 2022 logró el reconocimiento de ley para el cambio de sexo gracias a la apertura del municipio amigable con la sexualidad; de 2022 a 2023 han desviado más de 14 millones de pesos, operando transferencias de dos millones 300 mil pesos que se ha depositado en promedio a cada servidor público.
