Chetumal, a 26 de septiembre 2017 Quintana Roo. – Diputados de la XV Legislatura del estado solicitaron al titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Jorge Alberto Portilla Manica, redoblar esfuerzos para la mejora de resultados en esa dependencia, pues, aunque hay avances notorios en el reordenamiento, aún hay demandas de la ciudadanía que atender.
El funcionario expuso ante los legisladores las condiciones en las que asumió la responsabilidad al frente de la Secretaría y dijo que se encontraba llena de irregularidades, deficiencias, duplicidad de funciones y opacidad.
Al comparecer ante diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo, dijo que a partir de este gobierno se inició un reordenamiento de SINTRA basado en la transparencia.
Ante los legisladores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, encabezada por su presidente el diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, el funcionario hizo una descripción de cómo encontraron la dependencia y presentó una lista de todas las deficiencias:
Trámites y servicios sin atención homogénea; expedientes de concesiones incompletos y no debidamente concentrados; exceso de la facultad discrecional y falta de transparencia en el otorgamiento de concesiones para el transporte público.
También denunció el hallazgo de contratos de renta de maquinaria que fueron pagados sin que conste la prestación del servicio; obras y acciones pagadas no ejecutadas, así como acciones realizadas sin autorización de recursos, además de limitada supervisión de las obras y acciones, así como carencia de su control.
Portilla Manica informó que se han integrado manuales de procedimiento, se ha instalado sistema de video vigilancia para combatir la corrupción, se instaló la Ventanilla Única para realizar trámites y se inició una integración de expedientes para su digitalización, además de que se terminó con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones de transporte público. Dijo que también se trabaja en una propuesta de la Ley de Movilidad y Transporte.
El presidente de la Comisión, Fernando Zelaya y el diputado Eduardo Martínez Arcila, pidieron información sobre la remodelación de la avenida Héroes, pues se denunció que se había realizado con materiales deficientes o que estaba inconclusa, a lo que el secretario respondió que se buscó reparar las fallas, mientras que sobre el estatus de la megaescultura –en Chetumal-, se habló con la empresa responsable de la obra y se acordó que terminaran los trabajos, pues el contrato ya se había pagado en su totalidad.
El diputado José de la Peña planteó su preocupación por la saturación vehicular y el tráfico generado en zonas como Cancún a lo que Portilla Manica dijo que es un tema que ya se revisa para atacar con medidas ecológicas y alternativas de movilidad.
Sin embargo, el Presidente del Congreso, Martínez Arcila, pidió ordenar el transporte público y obligarlo a respetar la ley, “Uber es ilegal porque la ley claramente lo prohíbe, pero los taxis suben a más de 3 pasajeros y la ley lo prohíbe, los microbuses suben a más de 20 pasajeros y la ley también lo prohíbe. Entonces, son casos de ilegalidad. Por eso existe la percepción de que no se está midiendo con la misma vara”, añadió.
El diputado José Esquivel planteó su preocupación por la proliferación de mototaxis en diferentes puntos de la entidad, concretamente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a lo que el subsecretario Alejandro Ramos dijo que los mototaxis se encuentran en un régimen tolerado, pues surgen de la necesidad de poder transportarse en las zonas donde no accede el transporte público regulado.
El diputado Juan Carlos Pereyra Escudero denunció varios hechos como la falta de luz en zonas de mucho tránsito vehicular y peatonal como Tulum; la necesidad de carretera de 4 carriles; la construcción de ciclovías o la falta de infraestructura para servicios en Holbox o proyectos en Bacalar.
El funcionario explicó que son temas que de manera gradual se han ido atendiendo en coordinación con la SCT y los trabajos de mantenimiento también dependen del acceso a los recursos públicos. “Estamos planeado modernizar las vías de comunicación”, dijo el secretario.
La diputada Candy Ayuso preguntó sobre los criterios y demandas para la construcción de domos a lo que Portilla Manica dijo que se debe buscar apoyo de recursos federales para ello; sobre el Centro de Alto Rendimiento, indicó que no estaba cuidado ni atendido por ello se está a la espera de los recursos de la segunda y tercera etapa para ponerlo en marcha.
La diputada Eugenia Solís Salazar demandó poner orden en el tema de las grúas debido a las quejas por abusos que se registran. “Estamos preocupados y ocupados por el comportamiento de los servidores públicos, sobre todo de los que están bajo mi cargo. Hemos despido a 12 inspectores y estamos trabajando con cinco. Vamos a contratar a mujeres, porque las considero menos susceptibles a la corrupción. Estamos trabajado en la retabulación de multas”, dijo el secretario.
Además, añadió: “El trabajo de SINTRA no es andar multando gente, pero tenemos que aplicar las leyes vigentes, las cuales no hicimos nosotros. Quienes se sientan afectados que toquen las puertas de la oficina” y de las grúas dijo que es algo urgente de atacar, mientras que el subsecretario Alejandro Ramos Hernández reconoció que en Quintana Roo no hay un tarifario de grúas, lo cual permitió cobros a discreción anteriormente.
La diputada Leslie Hendricks pidió se revisen las normas sobre impuestos en materia de transporte porque se genera una doble retribución, mientras la diputada Laura Beristain demandó dar mantenimiento a las carreteras donde hace falta señalización lo que pone en peligro la vida de las personas. La diputada Mayuli Martínez Simón demandó transparencia en el trabajo de la dependencia, pues la sociedad quedó muy lastimada con la pasada administración. Portilla Manica dijo que se trabaja ahora con un espíritu distinto.
El diputado Emiliano Ramos pidió información sobre los proyectos de obras puestas en marcha, a lo que el secretario dijo que el 90 por ciento de las empresas contratadas para ellas son de Quintana Roo. En el caso del servicio de transporte privado Uber, se insistió por parte de la dependencia de que es un servicio no regulado por lo que se han generado multas que van de 400 a 800 UMA lo que equivale a unos 123 millones de pesos.
–O–
