La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la dictaminación de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la discusión participaron 33 legisladores, de los cuales 17 lo hicieron de manera remota. Esta reforma propone permitir que cualquier persona con un título en Derecho pueda postularse para encabezar un tribunal, aunque se contempla la implementación de controles para garantizar que los candidatos sean seleccionados adecuadamente. Además, los actuales juzgadores podrán postularse para reincorporarse al Poder Judicial de la Federación.
En respuesta a esta iniciativa, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluyendo personal administrativo, secretarios de acuerdos y actuarios, se declararon en paro de labores, bloqueando con cadenas y candados las puertas de varios recintos judiciales. A esta protesta se sumaron jueces y magistrados, lo que ha llevado a una huelga que afecta a al menos mil 200 jueces en todo el país, según la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed).
El Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación (PJF), ha respaldado el paro de labores, pero ha anunciado que se mantendrán servicios mínimos para atender casos graves o urgentes.
Esta situación ha generado inquietud en el entorno económico del país. Entidades como Fitch Ratings, Citibanamex, Bank of America y Morgan Stanley han advertido sobre posibles impactos negativos en el clima de negocios en México. Asimismo, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han expresado preocupaciones sobre la percepción de los inversionistas en sus respectivos países. El peso mexicano también ha experimentado volatilidad, acercándose a las 20 unidades por dólar, reflejando un aumento en la aversión al riesgo.
