Puerto Morelos, Q. Roo, febrero 2018.- Tipificar la violencia política contra las mujeres como delito es un gran logro para Quintana Roo, consideró la presidenta municipal Laura Fernández Piña, quien felicitó a los integrantes de la XV Legislatura del Congreso del Estado, por aprobar en la víspera el Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el artículo 133 del Código Penal de la entidad.
“Lo que siempre se buscó con esta iniciativa de reforma que presentamos ante los diputados el año pasado, es que todas y todos tengamos el piso parejo en la búsqueda de candidaturas y otros espacios, y así terminar con el hostigamiento y persecución que muchas mujeres padecen”, comentó.
La primera edil dijo que a pesar del avance que significa para Quintana Roo, que lo colocan a la vanguardia con otras entidades que han avanzado en la materia, habrá que seguir luchando para alcanzar el reconocimiento constitucional del combate a la violencia política de género.
Como víctima de esa violencia política, dijo que abanderó con un gran compromiso moral esta lucha para que sean respetados los derechos de las mujeres. “Debemos tener las mismas oportunidades que los hombres en la vida política y el gobierno, así como en otros ámbitos como el económico y social, y no se trata de una cuestión de paridad, sino de capacidad”, comentó.
“Desde que asumí la primera presidencia municipal de Puerto Morelos, gracias a la confianza ciudadana, elaboré junto con mi equipo de trabajo una iniciativa de reforma que presentamos ante el Congreso del Estado, misma que con la del grupo parlamentario del Partido Verde se conjuntaron y hoy son una realidad”, detalló.
Los diputados de la XV Legislatura dieron luz verde para que se castigue con multas de hasta 400 días de salario mínimo o de uno a cinco años de prisión a quienes atenten contra los derechos políticos de las mujeres, así como la destitución e inhabilitación hasta por cinco años a servidores públicos que incurran en este acto.
De acuerdo con el dictamen de decreto aprobado, se castigará a quien o quienes de manera directa o a través de terceros, por motivo de género, hostiguen, acosen, coaccionen o amenacen a una o varias mujeres y/o cualquier integrante de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, su cargo o funciones públicas.
