Chetumal, Q. Roo, febrero 2018.- Penales más seguros y mayores garantías de seguridad y reinserción social, es uno de los objetivos que consolidarán para Quintan Roo, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General, con la firma del acuerdo para el traslado de personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas, que se encuentran internas en cárceles municipales de Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, informó que el acuerdo que entra en vigor este 13 de febrero, es un logro de la coordinación y trabajo conjunto con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz y el fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, para construir un Sistema Penitenciario que fortalezca el respeto a los derechos humanos, las condiciones dignas y procedimientos que garanticen la verdadera reinserción social.
A partir de este martes, las cárceles municipales ubicadas en Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas quedan inhabilitadas para ejercer la prisión preventiva y la ejecución de penas, por lo que retornarán a su finalidad original como centros de retención por faltas administrativas.
El acuerdo, incluye como beneficios el traslado inmediato de las personas privadas de su libertad sentenciadas o procesados, de las cárceles municipales al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal o Cancún, al Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen o Felipe Carrillo Puerto, según sea el más próximo a dicha cárcel.
El Secretario Rodolfo del Ángel Campos, enfatizó que este avance en el Sistema Penitenciario local, se sincroniza con las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que combate a fondo la problemática existente con soluciones que incluyen modificaciones administrativas, disposiciones legislativas y mejora penitenciaria continua para desarrollar una estrategia orientada a garantizar los derechos humanos de las personas en internamiento impulsando a la par su reinserción social.
