Cancún, Quintana Roo, 26 de febrero de 2020.-El Servicio de Administración Tributaria tiene identificadas 8 mil empresas de facturación apócrifa y en las investigaciones ya se detectaron grupos que crearon más de 500 empresas para ejecutar este esquema, expuso el Procurador Fiscal, Carlos Romero.
En entrevista, el funcionario explicó que este tipo de redes de facturación apócrifa, inicia con empresas que ofrecen a los patrones un servicio de subcontratación donde prometen ahorrar en costos laborales.
A su vez, crean otras empresas que emiten facturas apócrifas y que son constituidas por personas de escasos recursos, que tienen domicilios fiscales en terrenos baldíos. En ellas se da de alta al trabajador, al que se le cambia constantemente a otra firma con la consecuente alta y baja del IMSS.
El outsourcing ilegal, junto con el uso de comprobantes digitales falsos, es a partir de enero, un delito que afecta la seguridad nacional y puede tener prisión preventiva oficiosa, advirtió Romero.
En ese contexto, ayer elementos del Ejército y de la Marina, realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba más de 100 empresas “factureras”.
Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la determinación de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el operativo, ejecutado con órdenes de aprehensión, quedaron aseguradas escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas también como “fachadas”.
Además, aseguraron más de millón y medio de pesos en efectivo, 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones.
Tres de los detenidos fueron capturados fueron localizados en dos inmuebles del municipio mexiquense de Metepec que operaban como oficinas de al menos 50 de estas empresas “factureras”. Un cuarto cómplice fue detenido afuera de una sucursal bancaria.
Los indiciados fueron enviados a penales de máxima seguridad, como ocurre con los presuntos criminales cuyo perfil se considera de alta peligrosidad.
