Cancún, Quintana Roo, a 28 de septiembre de 2021. La iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo presentada en días recientes por la diputada Érika Castillo Acosta, que otorga mayores facultades en materia de movilidad a los ayuntamientos a través de las direcciones de Policía Preventiva Municipal y Tránsito para ordenar operativos en contra de quienes se autoemplean usando aplicaciones tecnológicas como Uber, representa un aumento al atentado en contra de la libertad, la economía y la elección a la movilidad de los quintanarroenses y visitantes.
“Es lamentable que se presenten iniciativas para perjudicar a quienes de manera honrada usan la app de Uber para autoemplearse y beneficiar a sus familias. Los viajes contratados a través de la aplicación de Uber, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son transporte privado, no desaparecen a nadie del ecosistema de movilidad, complementan a los ya existentes, lo que ofrece a ciudadanos y visitantes mayores alternativas, así como la libertad de elegir en qué moverse”, explicó David Mínguez, gerente de comunicación de Uber.
Hoy en día, los operativos en Cancún en los que interviene la Dirección de Tránsito Municipal de Benito Juárez en contra de socios conductores registrados en la aplicación de Uber, se llevan a cabo de manera injusta y aleatoria, ya que incluso detienen a quienes no se encuentran conectados ofreciendo viajes a través de la aplicación. “Hemos tenido casos en los que los socios conductores nos reportan que los detienen en un momento en el que no están realizando viajes a través de la app de Uber, incluso, han sido detenidos en trayectos personales como cuando van viajando con sus familias, lo cual es un atentado contra de su libertad y un exceso en el uso de la fuerza pública, sin ningún sustento jurídico”, añadió el vocero de Uber.
La compañía de tecnología está a favor de una regulación para plataformas digitales en el estado, aunque debe de tratarse de una adecuada para el tipo de servicio que se intermedia: transporte privado y no público, como las autoridades insisten en clasificar de manera equivocada. La economía colaborativa es precisamente un acuerdo entre privados quienes mediante la tecnología, se autoemplean y acceden a un modo diferente de movilidad. Para este esquema, no se requiere una concesión para operar. Esto en México lo ha avalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Federal de Competencia Económica, quienes han confirmado que Uber ofrece servicios diferenciados a aquellos ofrecidos por el transporte público concesionado.
“Estamos abiertos al diálogo con la diputada Érika Castillo y con las autoridades del estado, para juntos encontrar una regulación que favorezca a los usuarios, en el que todos podamos coexistir con otras formas de movilidad. Lo hemos externado: buscamos ser un aliado para Quintana Roo, en el que con inversiones, tecnología y mayores innovaciones, impulsemos la movilidad y economía del estado”, agregó Mínguez.
Durante más de dos años de autoempleo en Cancún, los socios conductores ofrecen nuevas alternativas de movilidad apoyados en los avances tecnológicos. “Trabajamos a favor de los quintanarroenses que han decidido generar ganancias usando la app Uber. Les recordamos que estamos aquí y que nuestros canales de comunicación se encuentran abiertos 24/7 ante cualquier incidente”, finalizó David Mínguez, gerente de comunicación de Uber.
