En el Estado de Quintana Roo se repite la historia: colusión de autoridades, desde el más alto nivel en un ejercicio de abuso de poder.
Cancún.- Bajo una cadena de mando, de manera premeditada y dolosa se instruyó a personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para fabricar una denuncia por discriminación, con la única intención de criminalizar a la abogada Araceli Andrade Tolama, defensora de víctimas durante más de 19 años.
En un comunicado del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún A.C explican que una sentencia inédita, por lo expedita y de manera infundada, le han sido impuestas una serie de severas medidas que restringen su libertad de tránsito, libertad de expresión y derecho al trabajo.
Todo esto para dar lugar a una venganza de la Magistrada, Verónica Acacio Trujillo, quien ha sido denunciada, desde 2017, por múltiples personas por cometer actos de corrupción, tráfico de influencias entre otros delitos.
Este Estado parece olvidar casos como el de Lydia Cacho y Pedro Canché, en los que fueron utilizadas las instituciones para castigar a personas que alzaron la voz contra el abuso de poder y el influyentismo.
La batalla es completamente desigual para quienes, desde la ciudadanía, luchan abiertamente contra la corrupción y, es por ello, que condenamos firmemente los actos cometidos por la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Estaremos vigilantes del desarrollo de los acontecimientos, acompañando en todo momento a la Licenciada Araceli Andrade Tolama, quien no debería ser perseguida ni vivir en peligro.
Atentamente
Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún A.C
