#Aponazos **Sin cumplir los requisitos de ley, Rafael del Pozo Dergal se ostenta como titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
**Incurre en el uso indebido de la función pública al no haber sido ratificado, a la fecha, por el Congreso del Estado.
**Ante el descuido, los borgistas acusados de malos manejos encuentran un callejón de escape pues la firma de “Rafita” no tiene validez en la denuncias y otras observaciones “oficiales” contra ellos
Por Alejandro Vargas González
La ley es clara y no se ha cumplido, pues Rafael del Pozo Dergal no ha sido ratificado por el Congreso del Estado como titular de la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo.
Al no cumplir con este requisito que impone la recién aprobada Ley Orgánica de la Administración Pública, propuesta por el Ejecutivo Estatal y aprobada el pasado 14 de julio en el Pleno del Congreso del Estado, Rafael del Pozo Dergal sería, en todo caso, el encargado del despacho de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, la soberbia de “Rafita” se impuso al análisis y al debido uso de la función pública. Pues una vez publicada la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, ordenó a sus subordinados “actualizar” tanto el portal de Internet de la Secretaría de la Contraloría del Estado como de toda la papelería y sellos de la dependencia bajo el cargo de Secretario de la Contraloría del Estado, sin serlo a cabalidad.
Con este hecho, Rafael del Pozo Dergal se saltó, por no decir pisoteó, las facultades de un Poder del Estado de Quintana Roo, pues según la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, el cargo que ostenta debe ser propuesto por el Ejecutivo del Estado pero el pequeño gran detalle que la ley exige es que este puesto debe ser ratificado por la Legislatura vigente. A la fecha esto no ha ocurrido, pero eso sí, el jactancioso “Rafita” dice que con ese cargo es “dueño de medio Quintana Roo”, dejando entrever su verdadero interés.
Como se recordará, el pasado 14 de julio el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la mediante las cuales se reasignaron atribuciones y se cambió de denominación a la Secretaría de la Gestión Pública a Secretaría de la Contraloría.
Y si se analiza la gran responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría, la gravedad de la omisión, descuido, negligencia o lo que sea, tendrá repercusiones mayúsculas para la adminiatración del gobernador Carlos Joaquín González.
Entre las responsabilidades de la dependencia, está la de diseñar e instrumentar el sistema anticorrupción, y es la encargada del control interno de todas las dependencias del gobierno estatal.
Además, es la oficina con mayor fuerza institucional para prevenir y combatir la corrupción.
Sin embargo, estas actividades estarían realizándose por un funcionario que no ha cumplido con los requisitos que impone la nueva ley que establece que el nombramiento del titular de esta dependencia estará a cargo del Ejecutivo del Estado y será ratificado por la Legislatura.
Además, la propuesta del contralor deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, dice la ley.
Y así fue. En el Periódico Oficial del Estado del 19 de Julio, se publicó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Y para no dar más vueltas, allí en el segundo párrafo del Artículo 43, párrafo XLIII, dice a la letra que “el secretario de la Contraloría que someta el Ejecutivo del estado a RATIFICACIÓN de la Legislatura del Estado, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Y lo más grave del asunto es que en el Periódico Oficial no hay un solo artículo transitorio ni una letra en la que se establezca que por esta ocasión el titular de la Secretaría de la Contraloría sea impuesto de facto. La lógica legal y jurídica llama al Congreso del Estado a la ratificación de Del Pozo Dergal en el cargo y a la presentación de la declaración de interés, pero esto no ha pasado. Es más, a la fecha en el Congreso del Estado no existe una petición de agenda para la ratificación de Del Pozo como tiltular de la Secretaría de la Contraloría.
Ante la ausencia de la venia legislativa de Quintana Roo para que Del Pozo Dergal pueda desempeñarse en esa posición, todos los documentos que haya firmado a partir del 20 de julio que fue publicada la ley a la fecha, incluidas las denuncias y observaciones penales contra exfuncionarios de la administración de Roberto Borge, pueden ser invalidadas en un alegato legal.
Para los abogados constitucionalistas consutados por este tecleador, estos hechos, convierten a Rafael del Pozo Dergal en un actor que hace uso indebido de la función pública al no cumplir con todos los requisitos que exige la ley.
Todo sería diferente si se aplicara un poquito de humildad y convertirse en el encargado del despacho de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
