La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre diversas acciones judiciales que derivaron en la vinculación a proceso de varias personas por su presunta participación en delitos de violación, robo de vehículos y extorsión en distintos municipios del estado.
En casos relacionados con delitos sexuales, dos sujetos identificados como Carlos “N” y Erik “N” fueron vinculados a proceso en hechos ocurridos en Tulum y Othón P. Blanco.
De acuerdo con las investigaciones, Carlos “N” es señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación en agravio de dos adolescentes de 14 y 15 años, a quienes presuntamente habría engañado para llevarlas a su domicilio en la colonia Centro de Tulum, donde ocurrieron los hechos.
Por otra parte, Erik “N” fue vinculado por su probable participación en la violación de una adolescente de 17 años en Othón P. Blanco. Según el reporte, el imputado habría amenazado a la víctima en su centro educativo para obligarla a subir a un vehículo y trasladarla a otra localidad, donde fue agredida.
En ambos casos, los jueces de Control impusieron la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso judicial.
En otro hecho, en Playa del Carmen, Juan Carlos “N” y Williams “N” fueron detenidos en flagrancia por su probable participación en el robo de vehículos y delitos contra la salud.
La detención ocurrió en la colonia El Petén, donde las autoridades aseguraron presuntas sustancias ilícitas, teléfonos celulares, un arma blanca y dos motocicletas, una de ellas con reporte de robo, relacionada con un hecho violento ocurrido el 19 de abril en la avenida Paseos del Mayab.
Asimismo, las autoridades investigan la posible relación de ambos sujetos con otros robos de motocicletas cometidos con violencia.
En materia de extorsión, la Fiscalía informó sobre la vinculación a proceso de Wilber “N” y Silvia “N”, en hechos ocurridos en Benito Juárez y Othón P. Blanco.
Wilber “N” es señalado por presuntamente exigir pagos semanales a un comerciante en la Supermanzana 102, bajo amenazas de muerte, en un esquema conocido como “derecho de piso”. La autoridad judicial le impuso prisión preventiva por dos años o el tiempo que dure el proceso.
Por su parte, Silvia “N” fue vinculada a proceso tras intentar ingresar al centro penitenciario de Chetumal diversos objetos prohibidos, como chips telefónicos, tarjetas de memoria y otros artículos, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
La Fiscalía reiteró que todos los imputados permanecerán bajo las medidas cautelares correspondientes mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.