Benito Juárez, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una segunda vinculación a proceso en contra de Jorge Luis “N”, ahora por su probable participación en el delito de extorsión, luego de que un Juez de Control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión.
La dependencia informó que el imputado ya enfrentaba un proceso penal, luego de que a finales de marzo de este año fuera vinculado por su presunta participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con las investigaciones, a principios de este año la víctima, quien se dedica al ramo de los medios de comunicación impresos, comenzó a recibir mensajes de texto y llamadas telefónicas en las que reconoció la voz de Jorge Luis “N”, quien presuntamente le exigía continuar realizando pagos bajo amenazas.
Según la carpeta de investigación, el imputado le manifestó que asumiría el control de todo lo relacionado con su negocio y le advirtió que, de no aceptar sus condiciones, atentaría contra él y personas cercanas, asegurando que actuaba por instrucciones de un grupo delictivo.
La Fiscalía señaló que, posteriormente, la víctima comenzó a ser vigilada y acosada mediante visitas de personas con apariencia intimidatoria y acento extranjero, situación que lo llevó a abandonar la ciudad por temor a su integridad.
Las investigaciones establecen además que el 18 de enero del presente año, cuando la víctima llegó a un domicilio ubicado en la Supermanzana 71 de Cancún acompañado de dos empleados, Jorge Luis “N” se aproximó al vehículo y colocó un sobre amarillo sobre el parabrisas.
En el escrito, presuntamente le exigía abandonar Quintana Roo o pagar 200 mil pesos mensuales, además de cerrar sus redes sociales, bajo la amenaza de privarlo de la vida si incumplía las exigencias.
Tras su detención y presentación ante la autoridad judicial, el Juez de Control resolvió vincular nuevamente a proceso a Jorge Luis “N” e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por dos años mientras continúa el proceso penal.