La dependencia señaló que el exsecretario de Hacienda puede hasta “comprar” a otros coimputados, testigos o peritos involucrados en el caso de Odebrecht para que declaren a su favor o no declaren
Ciudad de México, 12 de noviembre 2020.-La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que Luis Videgaray, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representa un riesgo para sus investigaciones en el caso Odebrecht.
De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray presentada por la FGR ante un juez de control del Reclusorio Norte, el organismo indicó que el también exsecretario de Relaciones Exteriores de la administración pasada representa un riesgo de obstaculización al desarrollo de sus investigaciones.
“Existe riesgo de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”, señaló la Fiscalía para justificar la necesidad de capturar al ex funcionario.
Añadió que además de alterar pruebas, Videgaray puede hasta “comprar” a otros coimputados, testigos o peritos involucrados en el caso para que declaren a su favor o no declaren.
“Además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación”, enfatizó.
De acuerdo con la carpeta de investigación en la que Videgaray es señalado por cohecho, asociación delictuosa, delito electoral y traición a la patria, en el caso ya han declarado Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, quien en agosto pasado presentó la denuncia por la que la FGR inició las pesquisas contra el ex titular de Hacienda.
Así como Miguel Pérez Esquivel, chofer Lozoya; Froylán Gracia Galicia, brazo derecho de Lozoya y Rafael Caraveo, ex trabajador del Senado de la República quien fue exhibido en agosto pasado recibiendo maletas llenas de dinero en efectivo que supuestamente provenía de los sobornos que fueron pagados a legisladores panistas en el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética.
EL UNIVERSAL