Un Tribunal Colegiado ordenó la suspensión definitiva de obras en los tramos 5 y 7 del Tren Maya y obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a reconocer la existencia de daño ambiental, en una resolución sustentada en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fallo impacta directamente al Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum en Quintana Roo, con una longitud de 111.3 kilómetros divididos en 5 Norte (Cancún–Playa del Carmen) y 5 Sur (Playa del Carmen–Tulum). También alcanza al Tramo 7, que enlaza Chetumal con Escárcega a lo largo de 256 kilómetros en Quintana Roo y Campeche.
El Tribunal fundamentó su decisión en los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura —ante la duda, a favor de la naturaleza—, señalando riesgos de daño irreversible al ecosistema.
Falta de estudios y riesgos al sistema kárstico
Entre los argumentos que sostienen la suspensión se encuentran la ausencia de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) completas, permisos de cambio de uso de suelo y estudios técnicos definitivos previos al inicio de las obras.
En el caso del Tramo 5, organizaciones ambientalistas documentaron afectaciones al subsuelo kárstico, incluyendo perforaciones en suelos frágiles y daños a ríos subterráneos, cenotes y cavernas milenarias, particularmente en la zona conocida como “Garra de Jaguar”.
Los jueces también señalaron que autorizaciones provisionales no sustituyen los estudios ambientales exigidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que modificaciones al trazo original —como el cambio de nivel a viaductos elevados— se realizaron sin nuevas evaluaciones de impacto.
Derechos indígenas y ausencia de consulta
La resolución también toma en cuenta amparos promovidos por comunidades locales que alegaron falta de consulta previa, libre e informada, así como posibles afectaciones a sus territorios y modos de vida.
En el Tramo 7, que atraviesa extensas zonas selváticas entre Quintana Roo y Campeche, se advirtieron riesgos de fragmentación de ecosistemas y tala sin autorizaciones ambientales definitivas.
El Tribunal consideró que la posible vulneración al derecho humano a un medio ambiente sano justifica la suspensión mientras se resuelven de fondo los juicios de amparo.
Contexto político y postura federal
El proyecto del Tren Maya fue impulsado originalmente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de detonar el desarrollo económico del sureste mexicano. En ese periodo, ambientalistas nacionales e internacionales denunciaron devastación ecológica, particularmente en el Tramo 5, acusaciones que fueron desestimadas desde el gobierno federal.
En la actual administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que todo proyecto de infraestructura genera impactos ambientales, pero que estos deben mitigarse mediante medidas compensatorias, como la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas.
Sheinbaum ha reiterado que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cumplir con las manifestaciones de impacto ambiental y las medidas de mitigación correspondientes.
Alcances de la resolución
La suspensión ordenada no implica la cancelación definitiva del Tren Maya, pero sí detiene la continuación de obras en los tramos señalados hasta que se cumpla con los requisitos ambientales y se atiendan las observaciones judiciales.
El fallo representa un precedente relevante en materia de justicia ambiental, al reforzar el criterio de que, ante la duda científica o técnica, debe privilegiarse la protección del ecosistema.
En una región caracterizada por su sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos interconectados —uno de los más extensos del mundo—, la decisión judicial coloca nuevamente el debate entre desarrollo e impacto ambiental en el centro de la agenda pública.
La resolución obliga ahora a las autoridades ambientales y ejecutoras del proyecto a demostrar el cumplimiento pleno de la normatividad y la viabilidad ecológica de los tramos cuestionados, en un proceso que podría redefinir el futuro de la obra ferroviaria más emblemática del sureste mexicano.