Chetumal, Q. Roo, 3 de mayo 2018.- Los dictámenes respecto a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los tres poderes del Estado que la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo) entregó al pleno del Congreso local, ratifican las irregularidades financieras que se cometieron en el último año de gobierno de Roberto Borge Angulo.
En esas cuentas públicas se consigna que en ese año el Poder Ejecutivo borgista gastó un mil 111 millones de pesos más que lo presupuestado, y reporta observaciones de gastos sin comprobar por más de 305 millones de pesos.
El Poder Judicial, en ese entonces a cargo de Fidel Villanueva Rivero, presenta observaciones que no ha podido justificar por 33 millones 244 mil pesos y un quebranto financiero por un millón 819 mil pesos por gastos que —agotados los plazos legales— no pudo justificar.
El Poder Legislativo muestra un comportamiento financiero aceptable y su cuenta 2016 fue calificada de razonable por la Aseqroo, al tener observaciones sólo por un millón 465 mil pesos, cifra que aún está dentro de los plazos de solventación.
En las sesiones de ayer, los diputados del pleno aprobaron las cuentas públicas 2016 de ocho entidades fiscalizables, al ajustarse a los términos y montos aprobados; además no se determinaron responsabilidades ni se impusieron sanciones resarcitorias.
Las cuentas públicas aprobadas corresponden al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto; Universidad Tecnológica de la Riviera Maya; Universidad Politécnica de Bacalar; Hidroponia Maya S.A. de C.V.; Fundación de Parques y Museos de Cozumel; Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V.; y de los fideicomisos de promoción turística de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad.
En el documento de conclusiones, firmado por el titular de la Aseqroo, Manuel Palacios Herrera, se emite un dictamen negativo para la cuenta pública del Poder Ejecutivo.
El dictamen señala que en ese ejercicio las autoridades omitieron apegarse a los lineamientos básicos de contabilidad gubernamental, específicamente en la integración de la información, control presupuestario, dualidad económica y consistencia.
Tampoco se sustentó de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros correspondientes, dice el dictamen.
“El ejercicio de la gestión financiera no se ajustó a la legalidad y se detectaron presuntos daños o perjuicios en el patrimonio del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo”, advierte el documento en manos de los diputados del Congreso del estado.
Se consigna también que esa cuenta pública que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, no presenta en forma razonable la situación financiera, al señalar ingresos por 26 mil 971 millones de pesos y un gasto excesivo por 28 mil 082 millones de pesos.
Eso significa haber gastado poco más de un mil 111 millones de pesos, además de que aún están pendientes por comprobar gastos en exceso y sin justificar por 305 millones 766 mil pesos, que pueden derivar en más denuncias penales contra ex funcionarios de la administración anterior.
El auditor superior Palacios Herrera recordó que en auditorías realizadas en las cuentas públicas de 2016 se detectaron irregularidades en la Secretaría de Finanzas (Sefiplan), la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario (Sedaru) y la Secretaría de Salud (SESA), y se han interpuesto las denuncias penales correspondientes.
En ese ejercicio fiscal, en la Sefiplan se detectó un desvío de 574 millones de pesos, que señalan a 17 exfuncionarios como presuntos responsables.
En la Sedaru, mil 853 millones de pesos, contra 17 exfuncionarios. Y en SESA 332.2 millones de pesos contra cuatro borgistas. (Información: Agencias/ Fotografía: Archivo).