Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México. Esta decisión ha generado preocupación entre expertos en derechos humanos y justicia, quienes advierten sobre los riesgos de un enfoque punitivo que podría debilitar el Estado de derecho en el país.
El populismo punitivo, una tendencia que se ha alimentado del miedo y la frustración de la ciudadanía ante la creciente inseguridad, promueve soluciones simplistas como el endurecimiento de penas y la restricción de derechos procesales. En este contexto, la expansión de la prisión preventiva oficiosa se presenta como una medida contundente para combatir la delincuencia, cuando en realidad representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y justicia.
Impacto en derechos humanos y presunción de inocencia
La prisión preventiva oficiosa, que debería ser una excepción y no la regla, se ha convertido en una forma de castigo anticipado. Esto vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que permite que personas, incluso aquellas involucradas en delitos fiscales, sean privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria. Esta medida, en lugar de fortalecer el sistema de justicia, podría agravar problemas como la sobrepoblación penitenciaria y la criminalización de sectores vulnerables.
Un enfoque que no aborda las causas estructurales del delito
Lejos de atacar las causas profundas de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades, esta reforma refuerza un sistema punitivo que no resuelve la inseguridad. Al priorizar la construcción de más cárceles sobre escuelas y programas de reinserción social, el enfoque se aleja de las políticas preventivas necesarias para un cambio real.
Peligros de elegir jueces por voto popular
Otra propuesta preocupante que ha ganado tracción en algunos sectores es la idea de elegir jueces por voto popular. Aunque parece una forma de democratizar la justicia, esta medida podría poner en riesgo la independencia judicial, ya que sometería a los jueces a presiones políticas y al deseo de complacer a la opinión pública, en lugar de basar sus decisiones en la ley.
Un juez elegido por el voto popular podría verse tentado a emitir sentencias que satisfagan a las mayorías, en lugar de proteger los derechos de los individuos, especialmente en casos controversiales. La justicia no debe ser un concurso de simpatías, sino un proceso imparcial y objetivo.
Reflexión necesaria para la sociedad mexicana
La reciente reforma y las propuestas de elegir jueces mediante votaciones populares reflejan un creciente populismo punitivo que podría erosionar los derechos fundamentales y el debido proceso en México. Las soluciones fáciles, basadas en el miedo y el castigo, suelen conducir a mayores injusticias y no abordan las raíces de la criminalidad.
Es momento de que la sociedad mexicana haga una pausa para reflexionar sobre el rumbo de sus políticas de seguridad y justicia. En lugar de sacrificar derechos en nombre de una seguridad ilusoria, se debe apostar por el fortalecimiento de las instituciones, la modernización de los sistemas de investigación y la promoción de políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la delincuencia.
La justicia auténtica no se construye con represión, sino con oportunidades y equidad. Debemos apostar por un sistema de justicia que respete los derechos humanos y promueva un entorno seguro para todos, sin comprometer los principios democráticos que nos definen como sociedad.