Cancún.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, liderado por Eduardo Galaviz Ibarra, ha desvelado datos alarmantes sobre el primer periodo de sesiones del segundo año de la XVII Legislatura. Este análisis no solo arroja luz sobre los gastos exorbitantes del Congreso, sino también sobre la baja productividad y las constantes ausencias de ciertos legisladores, un tema que merece una mayor atención pública.
En este análisis, destacan figuras como Julián Ricalde Magaña, del partido Fuerza por México, quien parece más interesado en sus negocios personales en Isla Mujeres que en las necesidades de su electorado. No se queda atrás María José Osorio Rosas y Angy Estefanía Mercado, ambas del partido Verde, quienes también figuran en la lista de los más ausentes.
La productividad es otro punto crítico. En el periodo de septiembre a diciembre de 2023, se registraron 34 sesiones con 119 iniciativas, en contraste con las 142 del periodo anterior. Este descenso es notorio y preocupante. Galaviz Ibarra apunta que para Humberto Aldana, la productividad es un concepto “capitalista” y, por lo tanto, indeseable. ¿Acaso mejorar la sociedad y atender eficientemente los asuntos pendientes no debería ser una prioridad? ¿O quieren aplicarnos la de Peña Nieto con su “lo bueno casi no se cuenta…”?
En esta misma línea, Aldana impulsa el retiro de la concesión del servicio de Aguakan, una jugada que según el presidente del observatorio, tiene un trasfondo político claramente orientado a las elecciones de junio. Esta maniobra parece más una estrategia electoral para captar votos que una solución real a los problemas de la comunidad.
Por tanto, la pregunta que surge es: ¿Estamos ante una oportunidad para “agrandar el combo” en términos políticos y electorales? Este camino jurídico y político que se está trazando desde el Congreso no solo es largo y desgastante, sino que también parece estar diseñado para engañar a la población con propuestas que suenan atractivas, pero que en realidad ocultan intereses y agendas de otros personajes.
¿Hasta dónde llegará esta estrategia? ¿Y a qué costo para la ciudadanía de Quintana Roo?