La iniciativa presentada con Hugo Alday Nieto plantea que las candidaturas aclaren cuándo un compromiso depende de otras autoridades y constituye una gestión, no una acción que puedan ejecutar directamente.
El proyecto contempla infracciones electorales y la obligación de informar anualmente sobre los compromisos de campaña. Fue turnado a comisión para su análisis.
Quintana Roo.— La diputada María José Osorio Rosas propuso establecer límites a las promesas electorales que atribuyen a las candidaturas facultades ajenas al cargo que buscan ocupar. La iniciativa, presentada junto con Hugo Alday Nieto, plantea que las propuestas de campaña se ajusten a las competencias constitucionales y legales de cada puesto de elección popular.
“Que ya no nos mientan en campaña. Todas y todos hemos escuchado promesas como ‘te voy a pavimentar la calle’ o ‘te voy a construir un parque’, y la gente confía, pero muchas veces esas promesas son imposibles de cumplir por quienes las prometen”, expresó Osorio.
La legisladora explicó que un aspirante a presidente municipal no podría presentar la aprobación de una reforma estatal o federal como una facultad directa de su eventual gobierno, porque corresponde a los órganos legislativos. Del mismo modo, un candidato a diputado no podría prometer la ejecución directa de obras públicas que son responsabilidad de los gobiernos estatal o municipal.
La propuesta busca modificar los artículos 285, 396 y 397 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo. Cuando un compromiso requiera la participación, coordinación o aprobación de otras autoridades, la candidatura tendría que aclarar de forma explícita y visible en su propaganda que se trata de una gestión institucional o intermediación pública.
“El objetivo es bastante claro: que las propuestas de campaña correspondan a las facultades reales del cargo, y si algo requiere una gestión se diga la verdad desde el primer día”, sostuvo Osorio.
El proyecto también plantea incorporar como infracción electoral la difusión de compromisos que atribuyan a las candidaturas competencias que no tienen, sin explicar que su cumplimiento depende de otras instancias.
De acuerdo con la información de la iniciativa, se aplicarían las disposiciones sancionadoras de la legislación electoral, que contemplan amonestaciones públicas y multas de hasta mil veces el valor diario de la UMA para aspirantes, precandidatos y candidatos, además de consecuencias sobre el registro en los supuestos previstos por la propia ley.
Otro componente propone que quienes resulten electos informen anualmente sobre el avance y estado de sus compromisos de campaña, mediante sus informes institucionales de rendición de cuentas.
La iniciativa ya fue leída en el pleno y turnada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para su análisis y dictaminación. Su contenido permanece como propuesta y deberá completar el proceso legislativo para convertirse en una obligación.
Fuente: Información difundida por la diputada María José Osorio Rosas sobre la iniciativa presentada junto con Hugo Alday Nieto.