El Congreso de México aprobó recientemente una reforma constitucional que amplía la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, una medida que ha generado inquietud entre organismos internacionales, activistas y organizaciones de derechos humanos. La reforma incluye delitos como extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos.
La aprobación, impulsada por el partido gobernante Morena y sus aliados, fue defendida como una herramienta para fortalecer el combate al crimen. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría violar compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y exponer al país a sanciones de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y Naciones Unidas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortó a las autoridades mexicanas a evitar esta reforma, argumentando que contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos. En abril de 2023, la Corte IDH ya había sentenciado a México por violaciones derivadas de la prisión preventiva oficiosa, destacando el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes estuvieron 17 años detenidos sin sentencia bajo este esquema.
Críticas y Consecuencias
Organizaciones como Fundación para la Justicia advirtieron que el incumplimiento de fallos internacionales podría derivar en nuevos casos y sentencias contra México en el sistema interamericano. Activistas como Simón Hernández señalaron que esta política impacta de manera desproporcionada a personas de bajos recursos y no contribuye significativamente a la reducción de la violencia o la mejora de las investigaciones.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 40% de las personas encarceladas en México no tienen sentencia, lo que agrava las preocupaciones sobre la efectividad y justicia de esta política.
Un Debate Polarizado
Mientras el gobierno federal justifica la reforma como un mecanismo para fortalecer la seguridad, los críticos señalan que en un sistema judicial lento, donde solo el 20% de los acusados son declarados culpables, esta política incrementa la vulnerabilidad de los derechos humanos.
La reforma pone a México en una posición delicada a nivel internacional, enfrentando posibles denuncias y sanciones, y plantea un reto interno para garantizar que las políticas de seguridad respeten los derechos fundamentales.