La alcaldesa de Puerto Morelos y presidenta de la Conamm participa en la audiencia pública sobre la Guardia Nacional, realizada en la Cámara de Diputados
Ciudad de México, 9 de enero 2019.- “Las autoridades municipales deben ser protagonistas de una política nacional de seguridad pública que combata en definitiva la violencia y resuelva la propagación de la delincuencia en nuestro país, pero que sea perdurable y en la cual los 2,462 municipios tengan una responsabilidad, un compromiso y una función central, sin exclusiones ni visiones centralistas”, destacó la alcaldesa de Puerto Morelos y presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), Laura Fernández Piña.
En el marco de la audiencia pública sobre la Guardia Nacional, que tuvo lugar hoy en la Cámara de Diputados, comentó que la seguridad pública es uno de los temas relevantes en la agenda del país, y por ello todos los órdenes de gobierno y la sociedad en general deben contribuir al diálogo y la construcción de soluciones que permitan mejorar la calidad de vida en todo México. Dijo que apoyan una Guardia Nacional pero de carácter civil.
Por tal motivo, remarcó que los gobiernos municipales deben acompañar todas las iniciativas del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y del Congreso nacional, que se orienten a enfrentar con mayor efectividad el grave flagelo que daña la paz y la convivencia a lo largo de todo el territorio nacional.
Laura Fernández dijo que la solución de fondo y permanente de la problemática de inseguridad debe considerar el respeto al modelo constitucional y político que los mexicanos han adoptado a lo largo de la historia institucional moderna, la preservación del régimen federalista, en el que conviven tres ámbitos de competencia de los respectivos órdenes de gobierno, y la construcción de un consenso sobre las responsabilidades, reparto de recursos y visión integral del fenómeno.
Luego de destacar los nuevos tiempos que vive México, en los que es fundamental la coordinación plena de todas las instituciones, sin importar la filiación partidista de quienes las encabecen, indicó que con motivo de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el esquema de seguridad en el país, y que implica la creación de una Guardia Nacional, se debe respetar la arquitectura constitucional y legal que actualmente orienta las competencias en materia de seguridad.
“La Federación tiene la obligación de atender los fenómenos de delincuencia organizada y combate al narcotráfico (y para ello cuenta con los instrumentos y recursos respectivos), y los municipios tienen la responsabilidad de la seguridad preventiva (y de ella derivan las competencias y los limitadísimos recursos de que disponemos en la materia)”, señaló.
En el marco de la Mesa III: Estrategias municipales de seguridad, Laura Fernández dijo ante diputados, senadores y alcaldes del país, que los municipios elevan la voz para convocar a no militarizar la seguridad pública nacional, sino a propiciar el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como una etapa y en un entorno perfectamente acotado. “Deben ser las policías federal, estatales y municipales las que profundicen la profesionalización”, sostuvo.
“A nivel local y municipal debe claramente alentarse un modelo de seguridad ciudadana que anteponga el fortalecimiento de las estrategias sociales, de las policías comunitarias y del fortalecimiento de los cuerpos municipales, a través del establecimiento de estrategias y programas que prioricen la calidad de vida en las localidades”, refirió.
Al respecto, solicitó no recortar los fondos para seguridad pública a municipios que han sido establecidos en los últimos lustros en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que justamente es una iniciativa municipalista y a partir del que fue el emblemático Subsemun y actualmente Fortaseg.
“Desde la perspectiva municipal, está claro que no se puede comulgar con una estrategia centralizadora que otorgue todas las competencias, todos los recursos y todos los instrumentos de seguridad a un cuerpo militarizado, que claramente representa un riesgo para los derechos ciudadanos, para desviar la vocación de las fuerzas armadas y para establecer al ejército en las calles de nuestras ciudades en forma permanente”, apuntó.
“No es cuestión menor el modelo que elija México para su Guardia Nacional. Los legisladores que aprueben los cambios constitucionales tendrán en sus manos el diseño de una cuarta institución con capacidad para el uso de la fuerza”, concluyó.