Ciudad de México, 15 de abril de 2026.— La senadora Mayuli Martínez Simón, respaldada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exigió al gobierno federal detener la operación del Tren Maya, al señalar riesgos estructurales, presuntos actos de corrupción y posibles daños ambientales irreversibles.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el proyecto no ha cumplido con las expectativas planteadas originalmente, al asegurar que actualmente depende de subsidios públicos y presenta pérdidas operativas.
De acuerdo con sus declaraciones, el costo del Tren Maya pasó de una estimación inicial de entre 120 y 150 mil millones de pesos en 2018, a superar los 500 mil millones, acompañado de señalamientos sobre una presunta red de corrupción en su construcción.
En el ámbito financiero, indicó que en 2025 el proyecto reportó pérdidas por más de 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el Grupo Mundo Maya acumuló más de 2 mil 500 millones en números negativos, lo que representa un balance desfavorable superior a los 6 mil millones de pesos en un solo año.
Asimismo, la senadora mencionó incidentes registrados en la operación del tren, como descarrilamientos en Tixkokob en 2024, Bacalar e Izamal en 2025, así como reportes de hundimientos en el Tramo 5, entre Playa del Carmen y Tulum.
En materia ambiental, advirtió que la obra habría sido desarrollada sin estudios suficientes y sin medidas de mitigación adecuadas, poniendo en riesgo ecosistemas como el sistema de cuevas submarinas Sac Actún, considerado uno de los más extensos del mundo.
La legisladora señaló que el Tramo 5 atraviesa un terreno kárstico, lo que incrementa la vulnerabilidad de la infraestructura, especialmente ante la posible incorporación de transporte de carga.
Ante este panorama, anunció la presentación de un exhorto formal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realicen una inspección inmediata, investiguen posibles irregularidades y establezcan medidas correctivas.
La senadora sostuvo que, de no atenderse estos señalamientos, podrían generarse riesgos mayores tanto para el medio ambiente como para la seguridad de los usuarios.