Las detenciones registradas el pasado fin de semana en Quintana Roo exhiben una realidad que debe mirarse sin maquillaje ni triunfalismos oficiales. En el sur del estado y en Cancún operan bandas criminales dedicadas al secuestro, al narcomenudeo, a la trata de personas, al robo violento y al sicariato. Esa es la dimensión del problema. Y capturar a algunos de sus integrantes, por relevante que parezca en el parte informativo, no significa que se haya ganado la batalla.
El discurso institucional insiste en presentar cada operativo como un golpe definitivo. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿se está llegando realmente a las cabezas, a la cúpula que ordena, financia y protege estas estructuras? Porque mientras solo caigan operadores o ejecutores, la maquinaria seguirá funcionando. Las células se reacomodan, reclutan nuevos jóvenes —cada vez más jóvenes— y continúan disputando territorio.
El asesinato del agente estatal Alejandro “N” es prueba dolorosa de ello. Murió tras ser emboscado en el tramo carretero San Ramón–Tepich, en Felipe Carrillo Puerto. Un convoy policial realizaba acciones operativas cuando fue sorprendido por disparos. La agresión fue directa y coordinada. El elemento resultó gravemente herido y falleció horas después en un hospital.
Después vino el despliegue. Un operativo interinstitucional logró capturar a cuatro presuntos responsables, entre ellos tres adolescentes. Entre los detenidos figura Jorge Luis “N”, alias “El Mantis”. Les fueron aseguradas tres armas largas tipo R15, calibre 5.56 milímetros, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El dato no es menor: hablamos de armamento de alto poder, no de delincuencia improvisada.
Las primeras indagatorias los vinculan con una célula generadora de violencia en el estado, relacionada con narcomenudeo, sicariato y extorsión. Provienen de distintas partes del país, lo que confirma que Quintana Roo no solo enfrenta criminalidad local, sino dinámicas de expansión nacional.
Pero detener a cuatro no desmantela una estructura. Si existe una célula, existe una cadena de mando. Si hay armas de ese calibre, hay proveedores. Si hay control territorial, hay redes de protección. Y si operan con esa audacia, es porque cuentan con márgenes de impunidad.
En Cancún, el mismo fin de semana, autoridades detuvieron a seis personas presuntamente vinculadas al robo con violencia a casas habitación en distintas ciudades del país. El grupo rentaba inmuebles en zonas exclusivas, vigilaba movimientos vecinales, utilizaba vehículos con placas falsas y ejecutaba atracos armados. Pretendían instalarse en Quintana Roo para continuar su expansión.
La pregunta vuelve a ser la misma: ¿se llegó al fondo de la red o solo se cortó una rama?
Quintana Roo vive una paradoja. Es un destino turístico de talla internacional y, al mismo tiempo, escenario de disputas criminales cada vez más visibles. La zona maya, Cancún y otros municipios concentran episodios recurrentes de violencia. Las detenciones son necesarias. Nadie lo discute. Pero no pueden venderse como victorias estratégicas cuando el problema estructural permanece intacto.
El hecho de que tres de los detenidos por la emboscada sean adolescentes revela otra fractura profunda: el crimen organizado está reclutando menores. Eso no ocurre en el vacío. Ocurre donde hay abandono, falta de oportunidades y presencia territorial de grupos criminales que ofrecen dinero rápido y pertenencia.
Por eso, más allá de operativos reactivos, se requiere una estrategia integral. Y en ese contexto, el llamado es claro: el Operativo Enjambre debe ponerse en marcha.
Un verdadero “Enjambre” implica ir más allá del despliegue armado. Significa atacar simultáneamente las finanzas, la logística, las redes de protección y las complicidades políticas o institucionales que permiten la operación criminal. Significa coordinar inteligencia, auditorías patrimoniales, seguimiento financiero y depuración interna.
Porque ningún grupo criminal opera aislado. Necesita lavado de dinero, acceso a armas, información privilegiada y, en muchos casos, protección. Si esas ramificaciones no se tocan, las capturas serán episodios mediáticos, no soluciones estructurales.
El asesinato de un agente estatal no puede convertirse en una estadística más ni en un comunicado de eficacia operativa. Es un mensaje de desafío directo al Estado. Y la respuesta no puede limitarse a detener ejecutores, sino a desmantelar las cúpulas que ordenan y financian la violencia.
El Operativo Enjambre no debe ser un eslogan. Debe convertirse en una estrategia real y permanente que alcance a las cabezas visibles y a las invisibles. A los mandos criminales y a sus redes de impunidad.
Las detenciones son un paso. Pero no son una victoria.
La verdadera prueba será si en las próximas semanas vemos caer a los líderes, a los financiadores y a quienes garantizan protección desde la sombra. De lo contrario, el ciclo continuará: emboscada, operativo, captura… y reemplazo.
Quintana Roo necesita menos triunfalismo y más resultados estructurales. Porque mientras las cabezas sigan intactas, la violencia seguirá encontrando brazos que la ejecuten.