Chetumal, Q. Roo, 27 de febrero 2018.- A casi un año de que la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña presentara ante congresistas de Quintana Roo la iniciativa contra la violencia política hacia las mujeres, finalmente este lunes la XV Legislatura del Congreso convirtió en ley la propuesta que protege a las féminas.
La iniciativa presentada por Fenández Piña derivó en las reformas al Código Penal mediante las cuales, se tipifica la violencia política en contra de las mujeres, estableciendo multas de hasta 400 días de salario míniml y prisión de uno a cinco años a quien lo cometa, así como la destitución e inhabilitación hasta por cinco años a los servidores públicos que incurran en este acto.
Como se recordará, en mayo del año pasado, Fernández Piña, expresó su propuesta de reforma integral a diversas disposiciones constitucionales y leyes secundarias que garantizan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Quintana Roo.
En su intervención, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, aseguró que las reformas aprobadas por el Pleno son de trascendental importancia para el estado de Quintana Roo, donde cada día se avanza en la erradicación de la violencia política hacia las mujeres.
Martínez Simón hizo un reconocimiento al trabajo de cada uno de los integrantes de las cinco comisiones que tuvieron a cargo el análisis de las iniciativas, con el que se le dan pasos importantes para la participación política de las mujeres.
De acuerdo con el dictamen, comete el delito de violencia política por motivo de género quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres y/o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, su cargo o funciones públicas.
El documento señala que, si el delito es cometido por servidores públicos, además de la multa de 100 a 400 días y prisión de uno a cinco años, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un plazo de tres a cinco años.
Las reformas fueron promovidas por los integrantes del grupo parlamentario del PVEM y por los miembros del Ayuntamiento de Puerto Morelos. El estudio, análisis y dictaminación de dichas iniciativas, estuvo a cargo de las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; para la Igualdad de Género, de Puntos Constitucionales, de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la de Justicia.