La FGR investiga a jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal informó este viernes a través de su canal de WhatsApp que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra los jueces que concedieron suspensiones en contra de la reforma judicial, bajo el posible delito de abuso de autoridad.

Según fuentes consultadas por el medio Latinus, la FGR está integrando expedientes derivados de denuncias presentadas por miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, específicamente de la bancada de Morena. Entre los jueces señalados se encuentra Martha Magaña. El comunicado del Colegio menciona que, de acuerdo con fuentes judiciales, la FGR solicitó a los jueces involucrados copias de los expedientes de las suspensiones otorgadas, a través de correos electrónicos en los que se les notifica la investigación en curso.

Los jueces y magistrados denunciados han expresado que esta investigación, promovida por el bloque oficialista, tiene como objetivo “coaccionarlos y amedrentarlos” por haber otorgado suspensiones en contra de la reforma judicial, la cual incluye la elección de sus cargos mediante el voto popular. Según el comunicado, los jueces consideran estas acciones como típicas de “regímenes autoritarios y autocráticos” para presionarlos y alinearlos a los intereses del sistema actual.

En redes sociales, Jorge Romero Herrera, exdiputado de Acción Nacional, criticó públicamente la denuncia interpuesta contra los jueces y expresó su apoyo, afirmando que “no permitiremos la persecución ni el abuso de autoridad”.

Desde finales de agosto, el Poder Judicial ha enfrentado un paro laboral y protestas diarias en rechazo a la reforma promovida y aprobada por Morena y sus aliados. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, a pesar de una suspensión provisional ordenada por un juez de distrito y un Tribunal Colegiado en Colima.

En un desarrollo reciente, la Corte publicó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se propone invalidar ciertos aspectos de la reforma judicial, tales como la figura de jueces sin rostro, la eliminación de amparos de efectos generales y la elección de jueces y magistrados por voto popular.