Venezuela, 18 de agosto de 2017.- La Asamblea Constituyente que rige a Venezuela con poderes absolutos acordó, por unanimidad, asumir competencias del Parlamento controlado por la oposición, que aseguró que desconocerá lo que denunció como su disolución impuesta por el presidente Nicolás Maduro.
Reunida en sesión, la Constituyente decidió que legislará en las materias para “garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”, según el decreto.
La Asamblea Nacional (AN) aseveró en Twitter que Maduro busca anularla a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por lo que, dijo, no reconoce ni acatará esa decisión, que calificó como un “golpe de Estado”.
“La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo”, agregó el Congreso, que convocó a sus seguidores y a miembros diplomáticos a una sesión.
La Asamblea Constituyente debe redactar una nueva Carta Magna, pero mandará en Venezuela por dos años como un “suprapoder”, rebasando el periodo de Maduro, que finaliza en enero de 2019.
El decreto, que incluye la potestad de dictar leyes, fue tomado en una sesión a la que se negó a asistir la junta directiva del Congreso, que había sido citada por la presidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez.
¡No vamos a permitir más desviaciones de poder! (…) ¡Llegó la Constituyente a poner orden!”, advirtió Rodríguez en tono enérgico, poco antes de la lectura del dictamen.
Rodríguez recordó que “todos los poderes públicos están subordinados” a la Constituyente, por lo que sus
representantes, incluido Maduro, han comparecido ante ella desde que se instaló el 4 de agosto, excepto el Congreso.
En una carta abierta, la junta directiva parlamentaria había señalado que consideraba nulo los mandatos y todos los actos emanados de la Constituyente, elegida el 30 de julio entre denuncias de fraude y desconocida por más de una docena de países latinoamericanos, EU, la Unión Europea, la ONU y la OEA.
Al considerar que la “disolución” del Parlamento es “ilegítima e inconstitucional”, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió con urgencia una reunión especial del organismo.