La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes clave para fortalecer los derechos de las personas migrantes, enfocados en garantizar el acceso al trabajo, educación, vivienda, servicios de salud y facilitar la comprobación de su nacionalidad mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).
El primer dictamen, presentado por la diputada María Damaris Silva Santiago, de Morena, propone modificar el artículo 2 de la Ley de Migración para facilitar el retorno de los migrantes mexicanos y su reinserción social. La legisladora destacó la importancia de emprender acciones que respondan a los desafíos migratorios del país y avanzar hacia una política integral que beneficie a las familias mexicanas.
Según Silva Santiago, la reforma tiene como objetivo reforzar vínculos entre las comunidades de origen y destino mediante el acceso a servicios esenciales, como salud, educación, empleo e inclusión financiera, contribuyendo al bienestar familiar y al desarrollo nacional.
Por su parte, la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, resaltó la importancia de incluir el acceso a la vivienda para los connacionales en retorno, considerando que el gobierno federal ha proyectado la construcción de un millón de casas. “Esto permitirá que los mexicanos en retorno se integren con dignidad y seguridad a la sociedad”, afirmó la legisladora del PRI.
El segundo dictamen, también impulsado por Silva Santiago, adiciona la fracción II del artículo 36 de la Ley de Migración, permitiendo que los migrantes puedan comprobar su nacionalidad con la CURP. “Es un cambio menor, pero puede transformar la vida de miles de migrantes mexicanos”, señaló la diputada.
La diputada Guerra Castillo subrayó la importancia de simplificar los trámites de identidad para los migrantes en retorno, enfatizando que la CURP es un documento accesible en línea y que su reconocimiento simplificaría el proceso de reintegración. “Esta reforma dará certeza jurídica a los connacionales y facilitará su reinserción en la sociedad mexicana”, agregó.
Finalmente, Guerra Castillo mencionó que el gobierno federal, en colaboración con la comisión, realizará un recuento de los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, de los cuales 4.8 millones se encuentran en situación irregular. Subrayó la necesidad de implementar medidas para proteger a este grupo, que incluye a quienes están en proceso de legalización o riesgo de deportación.
Estos dictámenes representan un paso significativo hacia una política migratoria que priorice la dignidad y el bienestar de las personas migrantes y sus familias.