Chetumal, Q. Roo, 12 de febrero 2018.- Penales más seguros y mayores garantías de seguridad y reinserción social, son algunos de los objetivos que consolidarán para Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General, con la firma del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado para el traslado de personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas, que se encuentran internas en cárceles municipales de Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.
El Secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, informó que el Acuerdo que entra en vigor este 13 de febrero, es un logro de la coordinación y trabajo conjunto con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz y el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, para construir un Sistema Penitenciario que fortalezca el respeto a los derechos humanos, las condiciones dignas y procedimientos que garanticen la verdadera reinserción social.
A partir de este martes, las cárceles municipales ubicadas en Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, quedan inhabilitadas para ejercer la Prisión Preventiva y la Ejecución de Penas, por lo que retornarán a su finalidad original como centros de retención por Faltas Administrativas.
El Acuerdo, incluye como beneficios el traslado inmediato de las personas privadas de su libertad sentenciadas o procesadas, de las cárceles municipales al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal o Cancún, al Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen o Felipe Carrillo Puerto, según sea el más próximo a dicha cárcel.
El Secretario Rodolfo del Ángel Campos, enfatizó que este avance en el Sistema Penitenciario local, se sincroniza con las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que combate a fondo la problemática existente con soluciones que incluyen modificaciones administrativas, disposiciones legislativas y mejora penitenciaria continua para desarrollar una estrategia orientada a garantizar los derechos humanos de las personas en internamiento impulsando a la par su reinserción social.
