Desde el Congreso del Estado obligarán al acaparador de tierras “Chano” Toledo y a la ineficaz presidenta municipal a ponerse de acuerdo para la municipalizar la colonia y así poder asignar recursos para servicios e infraestructura.
La colonia se crea sin permisos del gobierno en sus tres niveles, hoy están en riesgo 600 millones de pesos de la federación para servicios por carecer de las áreas de donación y sus respectivos títulos de propiedad
Playa del Carmen, Q . Roo, 9 de Mayo 2019.- El abandono del ayuntamiento para el ingreso de servicios e infraestructura es evidente en la colonia Cristo Rey, porque la ineficaz presidenta municipal y el acaparador de tierras Marciano “Chano” Toledo no se ponen de acuerdo para la municipalización, perdiéndose este año 600 millones de pesos de la federación por carecer de las áreas de donación y sus títulos de propiedad a nombre de la municipalidad, acusó el candidato a diputado local por el Distrito 9 del partido Movimiento Auténtico Social (MAS), Ismael Sauceda.
Durante su caminata en la colonia Cristo Rey, tocando puertas de los vecinos, el abanderado social sostuvo que “Chano” Toledo al ocupar estas y muchas otras tierras nacionales hace un jugoso negocio al comercializarlos en lotes-habitación, pero sin servicios básicos, porque está acostumbrado a negociar con los políticos corruptos, mientras los problemas lo enfrenta la gente.
La colonia Cristo Rey, ubicada a espaldas del fraccionamiento La Guadalupana, luce en el total abandono porque el acaparador de tierras “Chano” Toledo, como propietario del lugar, no se pone de acuerdo con el ayuntamiento para municipalizarlo, mientras la gente sigue careciendo de los servicios, ya que incluso no entrega las áreas de cesión para destinos, antes conocida como áreas de donación, incluidas las vialidades, precisó.
El candidato de MAS, señaló que la nueva Ley de Acciones Urbanísticas en su Capítulo VII sobre Áreas de Cesión para Destinos, en su Artículo 46 establece que: todo nuevo desarrollo deberá transmitir las áreas de cesión para destinos que permitan generar o alojar las áreas verdes, equipamientos, infraestructuras y oficinas públicos, necesarios para la adecuada y sana convivencia en los mismos. Por lo que desde el Congreso del Estado exigirá el cumplimiento de la Ley.