Ahora resulta que los comunicadores deben pedir permiso funcionarios públicos corruptos y delincuentes para ser publicados
Chetumal.- Las bancadas de Morena y el PVEM en la XVII Legislatura de Quintana Roo buscan reformar la Constitución del Estado en materia del derecho la intimidad personal y la propia imagen, lo que representa un nuevo embate contra los periodistas y medios de comunicación.
Los diputados buscan penalizar el ejercicio periodístico y establecer la censura previa de los contenidos en el nivel local y proteger a los servidores públicos y sus familiares involucrados en hechos de corrupción y abusos de autoridad.
La iniciativa de reforma al artículo 13 de la Constitución Política del Estado, fue propuesta por la diputada Jissel Castro Marcial, coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la Legislatura, para incluir el texto de que “todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y a la propia imagen en los términos dispuestos en las leyes aplicables”, que a simple vista no es más que el reconocimiento de un derecho humano más.
Sin embargo, en la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos donde fue emitido su dictamen aprobatorio, la diputada Susana Hurtado Vallejo, del PVEM, reveló en su intervención los torcidos e improcedentes alcances de censura a los medios de comunicación respecto a la imagen de los servidores públicos que los diputados de la 4T pretenden darle a la reforma.
“¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos sido afectados en nuestra propia imagen y nuestro derecho a la intimidad personal, cuando algunos medios de comunicación han abusado precisamente de alguna foto o algo y han afectado la propia imagen del individuo violentando nuestros derechos humanos?”, expresó la diputada en la reunión, a pesar de que no se conoce caso en el que algún medio de comunicación haya publicado una imagen íntima de diputados.
La desorientada postura de la diputada se debe a que confunde el derecho a la imagen personal con una presunta obligación de publicar sólo las imágenes que le sean favorables o luce bien o a tomarle fotos sólo con su permiso.
“¿Cuántas veces, si caes o no caes bien a algún medio de comunicación te exhiben en una foto, que a lo mejor no es la mejor en tu imagen? Sin embargo, la tienen y violentan tu integridad como ser humano”, expresó.
“Además, si hablamos del término ‘intimidad’, ¿cuántas veces en redes sociales nos hemos sentido de alguna forma agredidos porque han absorbido el tema a través de las redes sociales en nuestra propia intimidad, en nuestros propios actos personales, ya de casa, y los exhiben sin tener la previa autorización de nosotros?”, insistió.
Con lo anterior, la diputada mostró que se pretende prohibir el uso de las imágenes que difunden en sus redes sociales, a pesar de que son públicos por su propia voluntad y precisamente por eso usan las redes sociales como medio de propaganda para promover su imagen personal con fines político-electorales.
La iniciativa se refuerza en un apartado donde se habla sobre la violencia digital con el uso de las tecnologías de la información contra las mujeres, haciendo referencia a que ”una persona tiene absoluta libertad de compartir aspectos íntimos de su vida, incluso de su vida sexual a través de medios digitales, sin que eso signifique una autorización tácita para que los contenidos que resulten de ello sean compartidos con terceros ajenos a esa conversación que nada tienen que ver con la interacción privada con una o varias personas; ese nuevo paradigma, en el que se contempla a los medios digitales como espacios en los que de igual manera tienen que garantizarse los derechos a la intimidad personal y la imagen”.
La reforma constitucional pretende ser la base de una reforma posterior a las leyes secundarias, pues la propia iniciativa de la morenista Jissel Castro considera que busca reconocer ese derecho para protegerlo a través de la legislación secundaria.
Y la legislación secundaria protectora que buscan las diputadas y los diputados de la 4T es la penal, mediante el establecimiento de castigo de cárcel para las violaciones a la intimidad personal y la imagen propia, teniendo como principales destinatarios los periodistas.
Además, se busca utilizar esta norma como un instrumento de censura de contenidos de medios de comunicación, incluyendo la difusión de memes, aunque en esta última materia cometería una nueva pifia de invadir facultades que corresponden exclusivamente al Congreso de la Unión, ya que la regulación de contenidos de medios de comunicación compete exclusivamente al gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, las pretensiones de la 4T tuercen el sentido del derecho a la intimidad personal y la imagen propia, pues éste no está hecho para proteger a los servidores públicos del escrutinio de la sociedad a través de los medios de comunicación.
¿Qué protege el derecho a la intimidad personal y la imagen propia? El derecho a la intimidad trata sobre el libre desarrollo de la vida privada de cada uno en un entorno propio y reservado, lejos de la intromisión de algún tercero.
No se puede atentar contra este derecho, por ejemplo, interceptando las comunicaciones o introduciéndose en el domicilio ajeno.
El derecho a la imagen propia evita que terceros no autorizados lleven a cabo la grabación, reproducción, publicación o difusión de la propia imagen de una persona en su ámbito reservado o privado, independientemente de la finalidad para la que esta sea o los medios que se hayan utilizado. El titular de este derecho personal decidirá la información que se difunde sobre él.
Se consideran intromisiones ilegítimas contra el derecho a la propia imagen: la grabación o reproducción por cualquier medio de la vida íntima de una persona mediante el emplazamiento de dispositivos de escucha y filmación; la divulgación de aspectos de la vida privada que afecten al buen nombre y reputación de una persona; la publicación y revelación de cartas, memorias, escritos personales; la revelación de datos privados de una persona o su familia; el uso del nombre, voz o imagen de una persona con fines comerciales o publicitarios.
Sin embargo, este derecho no impide la captación y publicación por cualquier medio de la imagen de personas con cargos públicos durante actos y en lugares públicos.
Respecto de servidores públicos, también se pueden realizar caricaturas de uso social o utilizar su imagen para cuestiones de relevancia pública e interés general.
Asimismo, el derecho a la intimidad y la imagen personal no tiene preferencia prestablecida sobre el derecho a la libertad de expresión y de prensa ni de la libertad de información, sino que su preponderancia depende de la ponderación de cada particular.
Cabe resaltar que no es la primera ocasión que legisladores de la 4T pretenden utilizar una reforma disfrazada como una simple protección de derechos para convertirla en un instrumento de censura e intimidación hacia los medios de comunicación y el ejercicio periodístico.
Así ocurrió con la reforma de la llamada Ley Ingrid, en que la XVI Legislatura pretendió castigar con cárcel a periodista, censurar contenidos y hasta establecer una “lista negra” de medios de comunicación para vetarlos de la contratación de publicidad gubernamental, despropósito que al final no pudo concretar por su improcedencia constitucional.
Asimismo, en el Senado de la República existe una iniciativa de Morena para prohibir la difusión de memes de servidores públicos, la cual hasta el momento no se ha aprobado.
En el caso del derecho a la intimidad personal y la propia imagen, se trata de un nuevo intento de políticos de corte autoritario y conservador por reintroducir por otros medios los delitos contra el honor, que han desaparecido en Quintana Roo y casi todo el país con la derogación de los delitos de difamación y calumnia, utilizando la supuesta protección de la dignidad como cortapisa a los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de información en México.