Luego de amplias negociaciones entre consejeros y reajustes económicos en diferentes áreas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó esta madrugada su presupuesto ajustado para el 2025 por 19 mil 645 millones de pesos, de los cuales 6 mil 219 millones serán para organizar la compleja e inédita elección de jueces, ministros y magistrados.
Esta última cantidad es menos de la mitad de lo que el instituto previó para organizar la elección del próximo año, lo que obligará al instituto a no instalar 172 mil casillas el 1 de junio del 2025, sino apenas 73 mil casillas seccionales, reducir la contratación de supervisores y capacitadores electorales, limitar la difusión a la ciudadanía sobre cómo votar, reutilizar materiales electorales y no instalar la macrosala de prensa, entre otros rubros.
La consejera Claudia Zavala advirtió que el recorte provocará un proceso electoral judicial limitado que no podrá cumplir con los principios de certeza e incluso de legalidad, pues restringe de manera importante los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello, afirmó que el recorte no afecta al INE, sino a los ciudadanos.
Guadalupe Taddei, presidenta del órgano electoral nacional, confió en que la comunicación que se abrirá con la presidenta rendirá frutos en una ampliación presupuestal. Argumentó que el presupuesto inicial solicitado fue acompañado de un ejercicio técnico puntual.
La madrugada de este 31 de diciembre, a unas horas de vencer el plazo legal para su aprobación, el Consejo General del INE aprobó su gasto para el próximo año.
Tras el recorte de 13 mil millones de pesos que Morena aplicó al INE en la Cámara de Diputados, el Instituto reajustó el gasto de sus proyectos específicos para el próximo año; para la elección en Durango y Veracruz se destinarán 626 millones 512 mil pesos, y para la elección de juzgadores 6 mil 219 millones 213 mil 262 pesos.
De esa forma, el órgano electoral tuvo que dejar en ceros el gasto por una posible consulta popular, y reducir en 6 mil 985 millones el costo real de la elección de juzgadores.
Lo que quedó intacto fue el presupuesto que el INE destinará al financiamiento a los partidos políticos en 2025, por un monto de 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos. Cabe destacar que ese recurso fue aprobado por la Cámara de Diputados y no puede ser modificado por el instituto.
La consejera Norma de la Cruz apeló a la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita la ampliación presupuestal, una vez que se le presente una explicación sobre el recurso que requiere el instituto para realizar la elección judicial. Afirmó que hacer las mismas elecciones que ha hecho el INE con menos recursos, será un reto, aunque confió en la responsabilidad de Estado de los funcionarios y ciudadanos
La consejera Carla Humphrey destacó que el recorte de 13 mil millones es el más grande la historia del INE en sus 35 años de existencia. Afirmó que ya es una tendencia que se le otorguen mayores facultades al INE, y al mismo tiempo se le recorte presupuesto, lo que puede poner en riesgo la vialidad y la calidad de la democracia.
En la misma tónica, el consejero Jorge Montaño dijo que el recorte puede implicar un obstáculo importante para el desarrollo de tareas del instituto, porque sus áreas fundamentales sufrieron un ajuste.
Buscará ampliación presupuestal
El INE avanzó en su encomienda de organizar las elecciones locales y judicial del próximo año con los recursos otorgados, aunque buscará una ampliación presupuestal con la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Este Instituto, a través de sus áreas Ejecutivas y Unidades Técnicas identifica que es necesario solicitar una ampliación presupuestal, para el desarrollo de actividades relacionadas con aspectos sustantivas de la función electoral, en observancia a los principios de legalidad, certeza y objetividad, por consiguiente, se estará llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de garantizar la realización de las actividades y fines que establece la Constitución Federal”, mencionó.
Para este efecto, el Consejo General del INE instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que en un máximo de 15 días presente un dictamen respecto de una ampliación presupuestal.