Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017.- La Secretaría de Hacienda se declaró lista para remitir al Congreso de la Unión el paquete económico 2018 a más tardar el 8 de septiembre, en los términos del artículo 74 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 42 Fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin embargo, se encuentra a la expectativa, en espera de que la Cámara de Diputados resuelva el conflicto político interno por el que atraviesa, a efecto de que proceda a la instalación de la Mesa Directiva, disipe el riesgo de una crisis de constitucionalidad, y genere las condiciones de legalidad para realizar sin contratiempos la ceremonia de entrega y recepción del paquete económico.
Aunque está a expensas de lo que resuelvan las fracciones parlamentarias, y del procedimiento que determine la Cámara de Diputados para recibir el paquete económico, la SHCP analiza la posibilidad de solicitar a esta una ampliación del plazo constitucional para entregarle el documento, en los términos del Artículo 74, Fracción IV, párrafo quinto de la Constitución, que a la letra dice:
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven”.
Lo anterior, hasta en tanto la Cámara de Diputados resuelve si la Mesa Directiva en turno tiene o no facultades para mantenerse en funciones y para recibir el paquete económico; o bien, procede a la instalación de una nueva, a través de la cual la SHCP pueda entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación al Congreso de la Unión.
Roberto Duque, doctor en Derecho Constitucional por la UNAM y académico de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, dijo que la situación en la Cámara de Diputados es “totalmente extraordinaria y anómala”.
Explicó que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece el 5 de septiembre como fecha límite para instalar la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero no un mecanismo para resolver una situación como la que prevalece en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“El hecho de que no se conformara la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es una violación a la ley por parte de los propios legisladores”, dijo.
Refirió que el problema podría resolverse mediante un acuerdo parlamentario, como al parecer será la elección de otra Mesa Directiva. “Vamos a conocer qué pasa, porque no está normado, por eso digo que es una situación anómala y extraordinaria”.
“Un acuerdo parlamentario podría dar alguna salida para no caer en una condición en la que no esté bien integrado un órgano legislativo elemental del Estado mexicano, como es la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, más grave aún, en la no aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Al respecto, abundó que tampoco hay una ruta legal establecida sobre qué hacer en caso de que la Cámara de Diputados no apruebe en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que se trata de un supuesto en el que habría que ver qué se hace.
Refirió que, en 1997, cuando hubo disensos sobre la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y se incumplió la fecha constitucional para aprobarlo, se habló sobre la posibilidad de replicar el del año previo, indizado a inflación, para no paralizar al Estado mexicano por falta de dinero.
Expuso que en el supuesto de que no se instale la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de que no se realice la entrega recepción del paquete económico y de que los legisladores no aprueben el Presupuesto de Egresos 2018, cabe la posibilidad de que algunos actores políticos consideren replicar el de 2017 indicado a inflación para no paralizar al Estado por falta de recursos económicos, pero esto sería por acuerdo político, más no por disposición de Ley.