Cancún, Quintana Roo, 25 de febrero de 2020.-Además del incremento en la violencia, igual que en varios estados del país antes pacíficos, las autoridades de Seguridad Pública en Quintana Roo enfrentan desde hace un par de años golpes mediáticos promovidos por grupos políticos y delincuentes que buscan mantener su impunidad y privilegios culpando, debilitando y restando legitimidad a las corporaciones que los enfrentan.
El pasado 20 de febrero la fundación México SOS y la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia publicaron un “Manifiesto por Quintana Roo” en el que pronunciaron su apoyo a las fuerzas de seguridad estatales, “toda vez que desde 2019 se ha desencadenado, en medios de comunicación convencionales y redes sociales, una campaña de desprestigio y golpeteo mediático, que afecta su imagen pública y distrae la atención de las instituciones en el cumplimiento de sus deberes”.
“Apoyo total a las autoridades de seguridad y justicia en el estado, donde medios de comunicación, “empresarios” y legisladores difunden noticias falsas y piden renuncias porque sus negocios irregulares, sus cohechos y precaria posición política no está funcionando; desean la irregularidad, la violencia, el desorden para medrar y alcanzar fines cuestionables”, indicó el empresario Francisco Cordova, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún-Isla Mujeres.
Entre el golpeteo más reciente se ubica la acusación de un grupo de empresarios rumanos sobre un supuesto acoso por parte de las autoridades policiacas de Quintana Roo y que no prosperó al comprobarse que dichos “empresarios” habían sido fichados en Estados Unidos como responsables de desarrollar y operar un sistema que alteró cajeros automáticos en el Caribe con la intención de clonar tarjetas bancarias.
La DEA de Estados Unidos ha establecido, además, vínculos entre la mafia rumana y Quintana Roo que datan del gobierno de Félix González Canto. Luego de la detención hace seis meses en Miami, Florida, del socio del exgobernador y exfuncionario municipal de Benito Juárez, Pablo Mauricio Amezcua Dorador, la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) estableció una conexión Cancún-Rumania en el tráfico de sustancias ilegales y trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación de las autoridades estadounidenses está centrada en Amezcua Dorador y su socio Laurentiu Manea en la empresa “Party Brothers SA de CV” creada en abril de 2018 y dedicada a la apertura de centros nocturnos y restaurantes en Cancún, Playa del Carmen y Mérida.
En septiembre de 2019 Amezcua fue detenido en Miami, Florida, en compañía del empresario Guillermo Barrera Lara, cuando ambos aterrizaron a bordo de un vuelo privado proveniente de Panamá, dentro del cual portaban miles de dólares y una cantidad considerable de heroína. Los dos fueron puestos a disposición de la Corte del Distrito Sur de Florida, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, a cargo de la jueza Lissette Marie Reid, bajo el número de control 19-3350-MJ-REID.
Amezcua Dorador y Guillermo Barrera Lara realizaron negocios con el exgobernador Félix González Canto por medio de la compra-venta de tierras propiedad del patrimonio estatal. “Somos tus ojos”, asociación que preside la activista Fabiola Cortés, documentó que en noviembre de 2007 Barrera compró al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), mediante el pago de un millón 785 mil 996 pesos, un terreno con una superficie de 29 mil 766 m2. Ese terreno multiplicó su valor cuando Barrera Lara lo vendió en casi cinco millones un año después a un empresario italiano, que a su vez lo transfirió a la empresa Somix en ese mismo 2008.
Para entonces el valor del inmueble y de la operación alcanzó los 13 millones de pesos. El terreno se ubica en la Carretera Federal 307 con carretera Boca Paila, Lote 001, Mz 007, Sm 001, en Tulum, y desde el inicio su valor real era de cinco millones 953 mil 320 pesos.
Además de combatir la estrategia de desestabilización por parte de grupos políticos asociados con el crimen organizado la Policía de Quintana Roo está combatiendo diariamente delitos del orden federal y de alto impacto que son los responsables del aumento en los índices de inseguridad en Quintana Roo, así como en otros estados del país, como homicidios dolosos o ejecuciones, uso de armas de fuego, tráfico de personas, narcotráfico y, en general, a la delincuencia organizada.
“Gobernadores y generales, en nómina de sobornos”, fue el titular del periódico La Jornada para la nota de su corresponsal en Nueva York, David Brooks, sobre las declaraciones de Jesús, El Rey, Zambada, en el juicio contra Joaquín, El Chapo, Guzmán. Y Quintana Roo salió en la lista.
Ya en 2015 se había difundido en Quintana Roo un video donde un taxista capturado por el Cártel del Golfo detallaba las operaciones del Cártel de Sinaloa y los millonarios sobornos que pagaban entonces el gobernador Roberto Borge, a través de su procurador Gaspar Armando García Torres, quien en septiembre de ese mismo año renunció al cargo. (https://youtu.be/xc8VZmUoUJg)
El taxista, quien se presentó como Lenin Rodríguez Reyes, alias El Zorrillo, dijo que trabajaba para el Cártel de Sinaloa operado aquí por Leticia Rodríguez Lara, alias La 40 o Doña Lety, que había recibido una llamada en el hotel de la Zona Hotelera donde prestaba el servicio de taxi, que lo citaron en una casa de seguridad en Bonfil, lo amenazaron con matarlo si no operaba para ellos y le dieron una pistola, que mostró en el video, como “herramienta de trabajo”.
Su operación, según declaró, se limitaba a la venta de drogas en la Zona Hotelera, donde Doña Lety controlaba todo el tráfico y venta de drogas a través de taxistas y brazaleteros.
Mencionó que tenían la protección de todas las autoridades y que le habían “regalado” dos millones de dólares al gobierno a través del procurador (Gaspar Armando García Torres). Y que desde hacía tiempo habían empezado “a tener problemas” con el Cártel Jalisco Nueva Generación que disputaba las plazas.
El taxista al día siguiente fue ejecutado en un camino de terracería y en agosto de 2017 fue detenida Doña Lety y en abril de 2018, vinculada a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud “con funciones de dirección y supervisión” en Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos desde el año de 2005, cuando Quintana Roo era gobernado por Félix González Canto.
Según la carpeta de investigación derivada de esta captura, la célula del Cártel de Sinaloa “contaba con la protección de autoridades locales a cambio de remuneraciones económicas periódicas y regalos de lujo, para vender droga en la Zona Hotelera, bares y playas turísticas”.
A partir de la detención y declaraciones de Leticia Rodríguez Lara, en octubre de 2017 agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada incautaron varias cajas de seguridad de la empresa First National Security, con sede en Cancún, dos de las cuales estaban a nombre de la narcotraficante.
El contenido de esas dos cajas develó identidades y vínculos con la extensa red de prestanombres que tejió el exgobernador Roberto Borge para lavar parte del dinero obtenido por el remate de terrenos, propiedad del estado, durante su gestión.
El cateo de First National Security y el aseguramiento de las cajas se derivó de la carpeta de investigación fed/seido/ueidcs/pue/000740/201, de la Subdelegación de la PGR en Puebla, entidad donde fue detenida y recluida Leticia Rodríguez Lara. Eso dio pie a que un juez penal otorgara otras órdenes de cateo a la misma empresa, por lo que fueron incautadas mil 500 cajas de seguridad y entre la lista de dueños apareció Isaías Capeline Lizárraga, ex director de Gobernación con Roberto Borge y ejecutado a finales de su sexenio de 40 disparos.
Isabel Arvide en su columna Estado Mayor escribió luego de la captura de Doña Lety: “lo asombroso es que fue vecina de Roberto Borge en los lujosos departamentos de Puerto Cancún; uno de ellos, en la Torre Maoiris que fue cateada en estos días, y en el fraccionamiento Villas Magna, donde ella y el exgobernador compartían también el mismo código postal.
“En la casa situada en este fraccionamiento residía un ex policía ministerial, Ángel Fernando T. C., que fue jefe de la escolta del ex procurador de Borge, Gaspar Armando García Torres y, también, era el responsable de pagar complicidades entre los policías. Acompañaba a Doña Lety cuando fue detenida”.
Con el cambio de gobierno en 2016 esos pactos con el crimen organizado fueron cancelados y desde entonces empezaron las amenazas, golpeteos y agresiones contra las instituciones de seguridad pública. Entre más fuertes han sido las acciones de la Policía de Quintana Roo, los embates en contra también arrecian. Sin embargo, la estrategia de seguridad ha avanzado y como efecto, Quintana Roo dejó de aparecer en la lista de los estados más violentos del país, de acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En un comparativo anual al cierre de 2019, Quintana Roo redujo en 4.6 por ciento su incidencia delictiva total, muy por debajo de la media nacional que reportó un crecimiento de 3.7 por ciento.
La estrategia de seguridad en Quintana Roo ha seguido avanzando pese a que el presupuesto federal para el ramo quedó prácticamente estancado este año, con una variación de 1.5 millones de pesos, menos del 1% de aumento respecto al 2019.
En el Diario Oficial de la Federación se publicaron los montos de asignación a los estados correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que precisa un total de 186 millones 647 mil 890 pesos para Quintana Roo, contra los 185 millones 088 mil 698 pesos del año pasado. Esta variación de un millón 559 mil 192 representa un aumento de apenas el 0.8%.