Benito Juárez, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado informó que durante los últimos tres años 133 personas han sido llevadas a proceso por el delito de trata de personas, además de que fueron localizadas mil 182 víctimas, entre ellas 143 menores de edad, como resultado de las investigaciones realizadas por la institución.
Durante un balance de resultados, el fiscal general Raciel López Salazar detalló que de las víctimas identificadas, 922 son mexicanas y 260 extranjeras, originarias de países como Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, India, Perú, Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Italia y Noruega.
Según los datos presentados por la Fiscalía, en este mismo periodo fueron ejecutadas 211 órdenes de cateo relacionadas con investigaciones por trata de personas y se obtuvieron 28 sentencias condenatorias, con penas que alcanzan hasta 30 años de prisión.
En materia de extorsión, López Salazar señaló que este delito continúa afectando principalmente a pequeños comerciantes, empresarios y trabajadores del sector turístico, por lo que aseguró que la Fiscalía Especializada en Combate a la Extorsión fortaleció su coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del Grupo Centurión.
Como resultado de esa estrategia, indicó que 333 personas fueron detenidas por presunta extorsión, de las cuales 319 fueron vinculadas a proceso, equivalente al 96 por ciento del total. Además, reportó 34 sentencias condenatorias, con penas de hasta 37 años de prisión.
El fiscal también destacó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros cinco meses de 2026 Quintana Roo registró una disminución del 60.7 por ciento en víctimas de homicidio doloso, al pasar de 153 víctimas en el mismo periodo de 2025 a 60 en 2026.
Con estos resultados, afirmó, la entidad se ubicó en el tercer lugar nacional entre los estados con mayor reducción de este delito.
Finalmente, López Salazar informó que como parte del proceso de reorganización institucional fueron dados de baja 589 servidores públicos y mil 384 trabajadores fueron reasignados de adscripción para fortalecer las capacidades operativas y de investigación de la Fiscalía.