El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó información sobre la contratación de equipo y software de espionaje, que se entregará a la FGR
Ciudad de México, 21 de julio 2021.-El gobierno federal de México, a través de distintas dependencias, gastó 5 mil 914 millones de pesos en la compra de equipo y software de espionaje -como el denominado Pegasus- entre los años 2012 y 2018, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se envíe información de todas las dependencias respecto a Pegasus, sobre contratos que se encuentran en los archivos de las secretarías del ejecutivo federal, informó el presidente durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de julio.
“Es un delito que espíen pero además cuesta mucho”, dijo AMLO, pero aseguró que “el dinero que costó es lo que más debería de preocuparnos”.
El titular de la UIF, por su parte, detalló que la antigua Procuraduría General de la República (PGR), firmó un contrato en 2014 con empresa Tech Bull, afiliada a la firma israelí NCO Group, por un monto de 32 millones de pesos, convenio que contaría con la firma de Tomás Zerón.
Nieto aseguró que la contratación de este tipo de servicios se remonta al sexenio de Felipe Calderón, con contratos por el software Nice Track.
El funcionario informó que las ganancias de las empresas que ofrecieron sus servicios al gobierno federal terminaron en Israel, Estados Unidos e Italia.
Agregó que tanto Tech Bull como Ballam, Seguridad Privada, habrían utilizado una red de al menos 10 empresas fantasmas para simular operaciones a través de facturas apócrifas y deducir el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria.
Algunas de estas factureras serían Grupo Comercial Vica, Constructora del Centro del Bajío, Artículos Textiles y Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos.
Nieto destacó que en 2019, primer año de la actual administración, Tech Bull declaró en ceros, es decir, no volvió a tener una ganancia con el gobierno federal. En consecuencia, la UIF dará vista al SAT los temas de posible evasión fiscal.
Agregó que se congelarán las cuentas de 24 sujetos vinculados a dicha red de simulación.
EL GOBIERNO “ESCONDE” VACUNAS COVID?
En la sección denominada “Quién es Quién en las mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis calificó como falsa la información presentada en medios de comunicación, sobre la discrepancia que existe entre las vacunas contra la covid-19 que han llegado al país y las que se han aplicado. Detalló que de las más de 74 millones de dosis que el país ha recibido, existe una merma de 59 mil 829 que no se han aplicado ni están en traslado o en sitio para ser aplicadas.
La funcionaria agregó que 5 millones de vacunas de las ya aplicadas no se han subido al sistema debido a fallas en la red de telefonía o internet en las zonas donde se aplicaron, o una alargue de la jornada de aplicación.
Por otra parte, señaló a Julio “Astillero” por presuntamente dar información falsa sobre la reserva federal de San Miguelito.
ACUSACIONES CONTRA GOBERNADOR ELECTO DE SLP, UN “ASUNTO POLÍTICO”: AMLO
Respecto a las acusaciones de supuestos nexos con organizaciones del narcotráfico hechas al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el presidente López Obrador aseguró que se trata de un asunto meramente político.
”El pueblo de San Luis, o la mayoría que participó en las elecciones, eligió a Gallardo como gobernador, entonces yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo”, dijo el presidente en la mañanera.
Agregó que la victoria electoral del candidato del Partido Verde “no debe haber caído bien a los que perdieron, porque así son las cosas y ahora cuestionan sobre el pasado del gobernador electo, todo esto se debió haber planteado en su momento”.
Señaló que, como dice el propio Gallardo Cardona, su acusación puede ser una fabricación de delitos orquestada por los gobiernos anteriores, como de la que el propio López Obrador habría sido víctima.
MAGISTRADOS Y EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS
En relación a una investigación periodística en la que se da cuenta que magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para realizar compras de distintos artículos como botellas de alcohol, pagos en cantinas, cines, tiendas departamentales, establecimientos en línea, entre otros, el presidente señaló que corresponde a la Fiscalía Electoral y al propio Consejo de la Judicatura Federal determinar el caso.
“La manera de cómo enfrentar esto, es denunciándolo y ya lo hiciste”, dijo AMLO al reportero que le preguntó sobre el tema. “Que la vida pública sea cada vez más pública”, agregó.
“Pediría a los integrantes del Consejo de la Judicatura que informaran de manera abierta a los ciudadanos para que se sepa cuál es su función, que hacen, porque son los encargados de vigilar de que no hay corrupción en el poder judicial y que atienda al pueblo y se imparta justicia”, añadió el presidente.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, por su parte, que el CJF no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF y que se debe corregir esta “anomalía en el diseño institucional” “si se quiere un combate serio en contra de los abusos, de la corrupción y de la impunidad”.
La Silla Rota