Operativos en Benito Juárez dejan 12 detenidos —incluido un menor— ligados a grupo criminal; autoridades aseguran armas largas, droga y vehículos.
Benito Juárez, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de 12 personas —entre ellas un adolescente— por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, en acciones operativas realizadas en este municipio.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el fiscal general Raciel López Salazar detalló que los detenidos estarían relacionados con un grupo criminal generador de violencia en la zona norte del estado.
En una primera intervención, en la supermanzana 248 sobre avenida Chac Mool, fue detenido Marco Antonio “N”, alias “Pitis”, cuando presuntamente realizaba intercambio de sustancias ilícitas. En el lugar se le aseguró presunta marihuana, un arma larga calibre .223 con cargadores abastecidos, un arma hechiza, cartuchos útiles y un vehículo tipo Sentra.
Posteriormente, en el fraccionamiento Jardines del Sur, fueron detenidas seis personas —entre ellas un adolescente— identificadas como Jesús Efrén “N”, alias “Chucho”; Carlos Arturo “N”; Luis Jorge “N”; Brenda “N”, así como Jorge y/o Jairo “N”, este último con lesiones vinculadas a un ataque ocurrido en un bar el pasado 29 de marzo.
Las autoridades señalaron que estas personas fueron sorprendidas intercambiando bolsitas con presunta marihuana, por lo que fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público.
En una tercera acción, cuatro mujeres —Evelyn Damaris “N”, Mariela Yismeray “N”, Yansan Guadalupe “N” y Lucía Darali “N”— fueron detenidas en posesión de diversas dosis de presunta droga, además de dos armas largas tipo AM-15 calibre .223, un arma hechiza y un vehículo.
Las primeras investigaciones apuntan a que los detenidos forman parte de una célula delictiva con presencia en Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, dedicada al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.
Todos los detenidos, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en el plazo constitucional.