El juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, presentó una denuncia penal contra los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desacato a una resolución judicial. La denuncia está relacionada con la negativa de los consejeros a detener el proceso para la primera elección judicial programada para 2025, pese a una suspensión provisional emitida por el juez.
Además de la denuncia, los consejeros fueron multados con 54,285 pesos y se les otorgaron 24 horas para frenar el proceso electoral extraordinario.
Según el documento judicial obtenido por Milenio, la conducta atribuida a los consejeros podría encuadrar en el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que penaliza el incumplimiento de una suspensión judicial. Este delito contempla penas de tres a nueve años de prisión, multas de 50 a 500 días de salario, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo.
Contexto del desacato
El conflicto surge en torno a la elección de jueces, magistrados y ministros para 2025. Pese a la resolución judicial que ordena suspender este proceso, el INE no ha planteado detenerlo. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha defendido el presupuesto de 13 mil millones de pesos asignado para la organización de la elección, pero reconoció que será la Cámara de Diputados quien determine el destino de los recursos.
Consecuencias legales
De persistir el desacato, los consejeros enfrentan posibles sanciones graves que incluyen prisión, multas significativas y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas. Este caso representa un conflicto sin precedentes entre el Poder Judicial y el organismo autónomo encargado de los procesos electorales en México.
Por ahora, el INE no ha emitido comentarios oficiales sobre la denuncia penal ni sobre posibles acciones para cumplir con la resolución judicial.