Cancún, Q . Roo.-La Fiscalía Anticorrupción continúa las investigaciones por desempeño irregular de la función pública contra dos ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), quienes actualmente están amparados, por lo que también se atiende ese litigio para poder presentarlos ante un juez, manifestó su titular, Rosaura Villanueva Arzápalo.
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Ese caso, que algunos relacionan con la llamada “Estafa Maestra”, implica el desvío de 743 millones de pesos, pero primero tenemos que delimitar lo que nos compete como Estado y la Federación determinará si investiga su parte, indicó.
La denuncia en Quintana Roo fue interpuesta por el Auditor General y la Contraloría del Estado por el delito de desempeño irregular de la función pública. Nosotros investigamos lo que compete al Estado y logramos obtener dos órdenes de aprehensión, confirmadas en amparo, apuntó.
En ese sentido, la funcionaria señaló que están en el proceso de revisión contra los amparos que confirmaron las dos órdenes de aprehensión de los presuntos indiciados.
La demanda establece un pago indebido de aproximadamente 743 millones de pesos por parte del SQCS a algunas empresas. Nosotros estamos determinando cuánto es la parte que correspondería al Estado y cuánto a la Federación y derivado de eso denunciamos el desempeño irregular de los funcionarios públicos del Estado, pero no por lo que compete al tema federal, añadió.
Arzápalo Villanueva recordó que el dinero fue enviado por la Federación al Estado para ejecutarlo en determinados rubros y en el Estado se investiga el posible pago indebido a algunas empresas con dinero federal y en su momento se determinará cuál podría ser el destino de alguna cantidad que corresponda al Estado para que, una vez conocido el detrimento, se reclame.
Tenemos dos órdenes de aprehensión, las cuales se han consignado en amparo y estamos en espera, litigando la revisión. Nos estamos allegando más datos de prueba porque, para llegar a una orden de aprehensión, la ley y el sistema penal exigen la justificación de una conducta delictiva y que el imputado haya participado en ella.