La XVIII Legislatura de Quintana Roo comenzó el análisis de un paquete de reformas que busca modernizar y fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante cambios enfocados en transparencia, austeridad y paridad de género.
Las iniciativas, promovidas por el grupo legislativo de Morena, fueron turnadas a comisiones durante la sesión ordinaria número 29 y contemplan modificaciones a la Constitución estatal y a la Ley del Sistema Anticorrupción.
Uno de los principales cambios plantea integrar formalmente al Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo dentro del Comité Coordinador del sistema, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas para detectar actos de corrupción.
Además, las propuestas buscan simplificar la estructura normativa y reducir de cinco a tres años el periodo de la Comisión de Selección encargada de designar al Comité de Participación Ciudadana, con el argumento de agilizar procesos y evitar estancamientos.
Las reformas también establecen que dicha comisión deberá integrarse con perfiles académicos y ciudadanos bajo criterios obligatorios de paridad de género.
Durante la misma sesión, diputados aprobaron reformas relacionadas con la Ley del Instituto de Defensoría Pública y la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.
En el caso de la Defensoría Pública, las modificaciones incorporan lenguaje incluyente y no sexista, mientras que en Derechos Humanos se amplían las facultades del organismo para investigar posibles violaciones cometidas por autoridades estatales y municipales.