Chetumal, Quintana Roo, 10 de febrero de 2026.— Mientras la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) intensifica su política de cobranza en Quintana Roo, la infraestructura hidráulica de la capital del estado presenta fallas graves que evidencian un deterioro operativo preocupante. En contraste con su presión recaudatoria, el organismo ha admitido no contar con refacciones para reparar fugas masivas en Chetumal.
Durante los primeros meses del año, al menos cinco fugas de gran magnitud han sido documentadas en distintos puntos de la ciudad, provocando el desperdicio de miles de litros de agua potable. La situación se agrava ante los reportes ciudadanos que denuncian intermitencias en el suministro, baja presión y colapsos en registros sanitarios.
La contradicción es evidente: mientras CAPA mantiene una postura estricta en el cobro de adeudos mediante su Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF), admite limitaciones técnicas para atender las fallas más elementales del sistema hidráulico.
Fugas masivas y respuesta oficial insuficiente
Vecinos de distintas colonias han señalado que, tras reportar fugas activas, la respuesta institucional fue que no podían repararlas por “falta de refacciones”. Esta declaración ha generado indignación, pues CAPA factura montos millonarios anualmente y aplica tarifas que, en algunos casos, superan costos de sectores comerciales y hoteleros.
En medio de una crisis hídrica que afecta al sur de Quintana Roo, el desperdicio constante de agua potable resulta alarmante. Las fugas no solo implican pérdida del recurso, sino también daños estructurales en vialidades y afectaciones sanitarias.
Uno de los casos más graves se ubica en la intersección de la calle Petén con 10 Sur, donde un registro colapsado ha provocado el derrame continuo de aguas residuales sobre la vía pública. La situación ha derivado en malos olores, proliferación de insectos y un foco de infección que pone en riesgo a familias completas.
Embargos y presión fiscal en Chetumal
Mientras la red hidráulica muestra signos de abandono, la DRAEF mantiene notificaciones de embargo y advertencias legales contra usuarios con adeudos. Ciudadanos han denunciado cobros elevados derivados de fugas internas o presuntos errores de medición que, aseguran, el propio organismo se niega a verificar técnicamente.
La política de cobranza ha sido señalada como agresiva, especialmente en un contexto donde el servicio presenta deficiencias constantes. Para muchos usuarios, resulta contradictorio que CAPA priorice acciones coercitivas mientras reconoce incapacidad operativa para resolver problemas estructurales básicos.
Especialistas en gestión hídrica han advertido que la sostenibilidad financiera de un organismo operador debe ir acompañada de inversión constante en mantenimiento, modernización de redes y transparencia en el uso de recursos públicos.
Infraestructura colapsada y exigencia ciudadana
En Chetumal, capital de Quintana Roo, la percepción ciudadana apunta a un abandono progresivo del sistema de agua potable y alcantarillado. Las fugas visibles, los registros sanitarios desbordados y la falta de respuesta inmediata han generado cuestionamientos sobre el destino de los recursos recaudados.
El agua potable es un derecho humano reconocido a nivel constitucional. Condicionar su acceso bajo esquemas estrictamente recaudatorios, sin garantizar eficiencia en el servicio, abre un debate sobre la gestión pública del recurso hídrico.
Vecinos afectados han solicitado una auditoría técnica y financiera que permita esclarecer el manejo presupuestal de CAPA, así como un plan emergente de mantenimiento correctivo en las zonas más afectadas.
Transparencia y rendición de cuentas
Ante este escenario, organizaciones civiles y ciudadanos han comenzado a exigir mayor transparencia en la administración del organismo. La pregunta que se repite en colonias del sur del estado es directa: ¿dónde están los millones que recauda CAPA si las fugas continúan y las reparaciones se postergan indefinidamente?
La crisis no solo es operativa, sino también de confianza pública. La combinación de infraestructura deteriorada y presión fiscal intensa coloca al organismo en el centro del debate sobre eficiencia gubernamental en Quintana Roo.
CAPA enfrenta ahora un desafío doble: restaurar la red hidráulica y recuperar la credibilidad ante la ciudadanía. Sin inversión visible, mantenimiento oportuno y rendición de cuentas clara, el conflicto entre recaudación y servicio continuará profundizándose.
El agua no puede convertirse en rehén de la burocracia ni en instrumento de coerción administrativa. La capital del estado requiere soluciones técnicas inmediatas, no únicamente notificaciones de embargo.