La falta de ética de la empresa CADU propició en el caserío de Villas Otoch Paraíso, la aparición autogobierno controlado por algunos grupos que establecen las normas de movilidad interna dentro del fraccionamiento, en donde prevalecen las invasiones, el hacinamiento, la contaminación y sobre todo la inseguridad, según el Observatorio Legislativo de Quintana Roo Asociación Civil
Por Alejandro Vargas
Cancún.- El desarrollo inmobiliario Villas Otoch Paraíso, ubicado en la Supermanzana 259 del municipio de Benito Juárez, fue bautizado como las favelas de Cancún, en donde prevalece el hacinamiento, la contaminación y especialmente la inseguridad, propiciada por un autogobierno controlado por grupos apartados de la legalidad.
Dio a conocer lo anterior el Observatorio Legislativo de Quintana Roo Asociación Civil en su más reciente estudio en el que detalla que a 15 años de la aprobación del fraccionamiento construido por la empresa CADU, se observan graves problemas urbanos aunado a una falta de atención al grupo de población que accedió a la adquisición de esas viviendas.
El documento explica que Villas Otoch Paraíso “es una zona caracterizada por una falta de gobernabilidad pública, donde el diseño del entorno no contempló zonas de equipamiento y espacios de esparcimiento para la atención de las familias que habitan el espacio.
“Incluso se percibe que ahora están orientadas a un autogobierno controlado por algunos grupos que establecen las normas de movilidad interna dentro del desarrollo. Incluso acciones y eventos como el levantamiento de información del INEGI, visitas de inspectores del Municipio y actos de campañas políticas son limitados en su realización”, revela el estudio.
Según el Observatorio Ciudadano desde su creación, la problemática familias-social-urbana que se vive en el desarrollo inmobiliario se debe a una serie de irregularidades envueltas en actos de corrupción tanto de autoridades como empresarios de la empresa CADU.
El gobierno de Benito Juárez que encabezó Francisco Alor Quezada, fue una de las administraciones municipales que más cambios de uso de suelo aprobó. “Dentro de estos cambios se modificaron las condicionantes del llamado polígono de expansión número 11”, explica.
En la quincuagésima novena sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 18 de septiembre de 2007, se incluyó en el orden día un punto trascendente en la planificación urbana de la ciudad de Cancún: la aprobación del cambio de densidad de 143 hectáreas para aumentar el número de viviendas por hectárea, pasando de 60 viviendas a 120 viviendas por hectárea, para poder otorgar autorización a la empresa CADU Inmobiliaria.
Por lo que se puede percibir en la lectura de dicha acta, la propuesta se integró a última hora en el orden día, así lo manifestaron varios de los regidores de ese Ayuntamiento. Por ello, se puede deducir que la propuesta no fue estudiada y analizada con detalle, ni se consideró el trascendental cambio propuesto.
Únicamente se mencionó que la propuesta estuvo revisada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, integrada por los regidores Mario Machuca, Delia Alvarado y Jesús Melchor González Solís. Los dos primeros líderes sindicales integrantes del PRI y el restante integrante del PVEM. El director de Desarrollo Urbano era el Heyden Cebada.
La propuesta fue fundamentada por la empresa en la necesidad de proporcionar vivienda económica de interés social con los subsidios federales que estaba apoyando el INFONAVIT para los trabajadores de hasta dos salarios mínimos y que les permitiría pagar una mensualidad de cerca de 650 pesos mensuales.
El proyecto presentado por CADU Inmobiliaria señalaba un total de 17 mil 160 viviendas de 35 metros cuadrados, lo cual fue duramente criticado únicamente por un integrante del Cabildo, el regidor Agustín del Carmen Osorio Basto, quien advertía de los graves conflictos familiares y sociales que se generarían en esa zona con esa concentración de personas.
El regidor Osorio fue el único voto en contra, incluso los candidatos opositores de los partidos que contendieron en esa elección y que quedaron como regidores (como Rogelio Márquez Valdivia y Alejandro Janitzio Ramos Hernández (apoyaron la autorización y votaron a favor de ella.
A la fecha, según el documento, no se tienen contabilizado el número exacto de viviendas construidas y ocupadas, por lo que se supone están invadidas.
“De las 17 mil 160 viviendas que se pretendían construir solo se encuentran censadas cerca de 14 mil viviendas, con una población registrada por el INEGI de 38 mil 882 personas, de las cuales la mitad son hombres y la otra mitad mujeres. Las viviendas ocupadas son cerca de 12 mil lo que deja una gran cantidad de viviendas en aparente desocupación. Esto debido a que, como se ha detectado en las investigaciones de campo que se han efectuado, muchas de las viviendas están invadidas.
Seguramente si se pudiera contar con la información de cuantas viviendas están al corriente en su pago de predial podríamos tener el dato del porcentaje de viviendas en situación irregular.
El resultado que se tiene es una densidad de 272 personas por hectárea, un gran hacinamiento y problemas de habitabilidad e inseguridad, así como una falta de servicios y espacios de esparcimiento públicos que generan una situación de frecuentes problemas vecinales y delincuenciales.
Si se recorre la zona, se pueden observar la instalación de “topes” dentro de los callejones del fraccionamiento para obstruir o evitar el paso de los rondines de la policía. Un dato especial para entender aún más la problemática de esta zona es que en la Supermanzana 259, el municipio tiene registrados 88 puntos de venta de alcohol, el más alto por Supermanzana de todo el municipio.
La cifra seguramente es mayor si se suman los expendios clandestinos. Como un referente de comparación esta zona se podría observar la población del Municipio de Puerto Morelos en un espacio de terreno infinitamente menor (100,000 has. vs 143 has.).
Es muy importante que se tengan en cuenta las problemáticas que han generado las malas decisiones de los Ayuntamientos, la falta de ética empresarial y visión social de las empresas desarrolladoras de vivienda. Es imperativo que se atiendan las necesidades reales de los grupos de población que están afectados por estas situaciones, como los son, aparte de este desarrollo, las colonias irregulares.
Por último, es importante reconocer que dentro de estos grupos sociales hay ciudadanos con la necesidad de ser considerados en los programas sociales y dejar de ser estigmatizados como habitantes de zonas con altos índices de violencia, situación causada por la falta de aplicación de las normas de gobierno y atención social por parte de la autoridad municipal.
A 15 años de esa sesión los ex regidores Mario Machuca y Delia Alvarado siguen siendo líderes sindicales, y el ex regidor Jesús Melchor González Solís, se observó registrado como beneficiario de ayuda social por parte del Regidor Pablo Bustamante.
Heyden Cebada ha seguido como funcionario en Desarrollo Urbano del Municipio, y a la empresa le generó una muy importante cantidad de ingresos por la venta de esas casas.
Es importante que se observe con responsabilidad la elección de los Regidores de los Ayuntamientos y su desempeño ante la sociedad, determina el documento del Observatorio Ciudadano de Quintana Roo.