**Con negro historial como funcionario público en Guanajuato y San Luis Potosí, el encargado del despacho de la CAPA en Quintana Roo, José Enrique Torres López, insinúa sin argumentos el próximo cierre de Aguakan para ocultar la implementación de políticas de cobro acosador y abusivo
**En radio pasillo de la antesala de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., lo llaman traidor a la patria y nepotista
Para ocultar el terrorismo recaudatorio que pondrá en marcha la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en contra familias deudoras, su encargado de despacho, José Enrique Torres López, despliega una campaña de desinformación sobre el “cierre de Aguakan antes de que concluya el presente año”.
Sin argumentos legales, el funcionario mostró un total desconocimiento del proceso legal en el que se encuentra la concesionaria que ganó el amparo para continuar ofreciendo el servicio en cuatro de los 11 municipios del Estado de Quintana Roo, hecho al cual omitió hacer referencia durante una entrevista banquetera.
Sin embargó, José Enrique Torres López, quien cuenta con un negro historial al ser despedido de los organismos operadores de agua en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí por centrar sus acciones en el aumento a las tarifas y la implementación de políticas de cobro acosador y abusivo, ahora exige a diputados de Quintana Roo poner en marcha acciones drásticas para el cobro a familias deudoras del centro y sur del estado.
El más reciente despido fue en 2022, cuando fungía como director general del organismo Operador del Agua en San Luis Potosí conocido como INTERAPAS, por basar sus resultados en propuestas de aumento a las tarifas del servicio de agua potable de aquella entidad.
Ahora en Quintana Roo vuelve a las mismas. Ante la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la Cámara de Diputados de Quintana Roo, el funcionario acusado de actos de corrupción en San Luis Potosí y Guanajuato propuso implementar la política de cobro estricta a deudores.
La propuesta exige reducir el tiempo en que la deuda de los ciudadanos puede ser ejecutable, de los actuales 18 meses a solo 3 meses como antes. Esto, según Torres López, permitiría a los ciudadanos resarcir sus deudas con un esfuerzo menor, evitando que los adeudos se acumulen y se conviertan en impagos definitivos.
La medida generó críticas, ya que no se planteó detener el aumento en el costo del agua potable, ni propuso detener las enormes fugas agua de la paraestatal, que en la capital del estado causan desfondes viales, sino hacer caja. Necesitan dinero.