El terror causado por “La Familia Michoacana” en la Sierra de Guerrero no tiene freno. En una década la narcoviolencia desplazó a 25 mil personas en el estado. En Petatlán, además, denuncian que las autoridades buscan que la gente regrese a sus casas sólo por causas mediáticas.
Hace un año sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los vecinos de La Palma, un pueblo de la Sierra de Petatlán, que se arrepentirían de no someterse al pago de cuotas y de negarse a ser reclutados en sus filas.
Lo han pagado caro: los criminales están a punto de acabar con el ganado, han devastado viviendas con bombas lanzadas desde drones, mantienen a 50 familias desplazadas y han asesinado con violencia extrema a seis de sus habitantes.
El asesinato de Jaime Ramírez Bravo, hermano del comisario, el 10 de agosto último, detonó el hartazgo y la movilización.
Junto a vecinos de otras comunidades, que también sufren el yugo criminal, bloquearon la carretera Acapulco–Zihuatanejo el 12 y 13 de agosto últimos para pedir a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el repliegue de los criminales.
🎥| Bloquean para exigir seguridad en pueblos de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalánhttps://t.co/Ov9Upikv2f #Guerrero pic.twitter.com/nOpn6LWbwQ
— El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) August 13, 2024
Las autoridades les ofrecieron reforzar la seguridad policiaca y militar en la zona y los pobladores les dieron el voto de confianza, pero aseguran que es el último; de lo contrario, elegirán entre dos opciones: hacer un éxodo para solicitar asilo político en Estados Unidos o tomar las armas y unirse a otro grupo criminal para sacar a La Familia Michoacana de la región.
El acoso se inició hace dos años en la localidad vecina de El Durazno, ubicada en la sierra de Coyuca de Catalán, en los límites de Tierra Caliente y Costa Grande.
Aquel sábado 10 de diciembre de 2022 más de 100 sicarios llegaron a la cancha del pueblo. Convocaron a los jóvenes para notificarles que serían reclutados, pero estos se negaron.
Vino la tortura, la matanza y la persecución a plena luz del día. Ese día mataron a José Luis, Bonifacio, Vladimir, Isidro, Daniel, Fernando y Elder, este último de 15 años.
Los criminales también pretendían apropiarse de cientos de hectáreas de aguacate y de bosque para la explotación de madera.
Por esos hechos la Fiscalía de Guerrero ha detenido y logrado una sentencia de 140 años para un sujeto, Hermelindo N, supuesto jefe de plaza.
Nueve meses después la estrategia criminal de La Familia Michoacana se repitió en La Palma, también en esa región.
En septiembre de 2023 decenas de sicarios con armas largas ingresaron a la localidad en camionetas.
Preguntaron a la población a qué cártel pertenecían, le contestaron que a ninguno y ahí vino la imposición. “¡Van a pertenecer a nosotros!”, les dijeron.
Los criminales gritaron a los pobladores que tendrían que trabajar para ellos, pagar una cuota mensual y que los hombres se tendrían que reclutar con ellos. Los vecinos respondieron firmes que no querían pertenecer a La Familia Michoacana ni a ningún grupo criminal…
A casi un año de esa incursión del narco, el comisario de La Palma, Alberto Bravo Ramírez, dice:
“Ese día nos dijeron que nos íbamos a arrepentir, y creo que lo estamos haciendo. Hasta el momento no hemos tenido garantías para estar en paz”.
Las autoridades y pobladores del corredor Santa Rosa de Lima (Técpan de Galeana)–La Palma (Petatlán)–El Durazno (Coyuca de Catalán) refieren que la célula que mantiene asolada a la zona está integrada por 150 civiles armados.
Y cuando preparan una incursión el número se llega a triplicar.
Ellos controlan los precios de los alimentos, el gas, la gasolina y el transporte público.
Fuentes de seguridad en el estado indican que el líder de la célula criminal es Oliver Sánchez Coria, el Ruso, que está al servicio de La Familia Michoacana, cuyos jefes máximos son los hermanos Johnny el Pez y José Alfredo el Fresa Olascoaga Hurtado.
Ensañamiento
Los ataques con explosivos mediante drones, del año pasado, causaron que todo el pueblo saliera en noviembre; unas 100 familias regresaron siete meses después, en mayo, resguardadas por policías y militares, pero continúa el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población.
En todo el corredor, explican, hay unas 500 familias en esa situación.
En la comunidad no hay médicos, menos medicinas. El único maestro de la escuela primaria trabaja en línea en una zona donde el internet se compra por fichas y donde la gente apenas subsiste.
Cuando un habitante requiere atención médica de emergencia se solicita acompañamiento al convoy militar y hasta que éste lo autoriza pueden bajar a la zona urbana a atenderse.
El ingeniero Arturo García Jiménez ha estudiado los procesos sociales de la sierra en los últimos 50 años, desde la Guerra Sucia hasta el actual desplazamiento forzado mediante el incendio de ejidos para la apropiación de los recursos naturales del territorio.
Menciona que en Guerrero existen mil 254 núcleos agrarios donde habita 42% de la población y que es precisamente donde está toda la biodiversidad y la riqueza natural: agua, bosques y minas.
“En Guerrero los problemas de violencia nacen en el campo. Se sabe que hay una confrontación entre grupos de civiles armados que controlan los territorios y la gente está en medio y es la más afectada”, dice el también coordinador de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero.
En la entidad, detalla, hay un acumulado de 25 mil personas desplazadas de manera forzada en la última década.
La gente que se desplaza de esa parte de la Sierra llega a ciudades de la Costa Grande como Petatlán y Técpan de Galeana, donde ha encontrado más solidaridad de los habitantes que del gobierno.
“El gobierno los atiende a fuerzas y ofrece cosas mínimas como despensas, artículos de higiene personal, medicinas, pero no dan una solución real”.
En aras de que no haya una estadística o de que no suene la noticia, buscan que la gente regrese a sus localidades prometiendo instalar bases de operaciones mixtas de policías y militares, atención a sus demandas y más vigilancia.
“Quizá lo hacen los primeros días que regresan, pero ahí abandonan a la gente y al estar sin custodia no pueden salir a sus trabajos, siguen desplazados y aislados en su misma comunidad.
“El gobierno en sus tres niveles de gobierno no tiene una política de atención integral, mucha gente prefiere irse al norte, a Estados Unidos, y ya no regresa a su comunidad porque regresar es exponerse a que los maten”, lamenta García Jiménez.
Y tiene razón. Por ejemplo, poco antes y después de que 100 habitantes de La Palma decidieron regresar a sus pueblos, cinco pobladores que salieron a trabajar a otros lugares o en el campo han sido asesinados con extrema violencia como una manera de represalia.
En abril último fue asesinado César Cadena Duarte, trabajador de limpia del Ayuntamiento de Petatlán.
En mayo último, tras el regreso a su comunidad, fueron privados de su libertad cuando se dirigían a sus trabajos Rogelio y Gustavo Garduño. Sus cuerpos fueron tirados en la comunidad de Troncones. El primero era empleado en una empresa arrendadora de automóviles y el segundo, técnico en aparatos de aire acondicionado.
El 22 de julio último se llevaron por la fuerza a Juan Gabriel Ramírez Orbe en El Zarco y su cadáver apareció en Zihuatanejo.
Dos días después Francisco Rosales López, exregidor de Petatlán y originario de La Palma, también fue desaparecido cuando se dirigía a su vivienda, su cuerpo fue hallado por la noche envuelto en bolsas negras, también en Zihuatanejo.
Y el 10 de agosto Jaime Ramírez Bravo, hermano del Comisario de La Palma, Alberto Bravo, fue atacado con armas de fuego cuando pastoreaba sus vacas en el campo. En esa agresión otras dos personas resultaron heridas.
El crimen se registró a 300 metros de la Base de Operaciones Mixtas, encabezada por efectivos del Ejército que no hicieron nada cuando escucharon los balazos.
El comisario Bravo considera que ya es un problema personal de La Familia Michoacana con los pueblos que se han resistido a servirles.
“La Palma es el único pueblo que se está resistiendo a sus atrocidades. Una vez quitando a La Palma se van con los otros pueblos”.
Tras un bloqueo, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Josué Barrón Sevilla; el fiscal general de Guerrero, Zipacná Torres Ojeda, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, ofrecieron a 30 comisarios de comunidades de Técpan, Petatlán y Coyuca de Catalán reforzar las bases de operaciones mixtas y realizar patrullajes de militares y Guardia Nacional.
El comandante de la 27 Zona Militar, el general Andrés Ojeda Ramírez, informó que 250 militares se sumarán a las tareas de seguridad.
Atención insuficiente
El subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, cuya función ha sido tratar de apagar conflictos de violencia y protesta social en las regiones de la entidad, dijo que el acoso de grupos criminales al corredor Santa Rosa de Lima–La Palma–el Durazno es algo que no le consta ni le corresponde al gobierno de Evelyn Salgado.
Lo que sí puede informar, dijo, son las acciones que están realizando junto al gobierno federal y la fiscalía estatal. Primero, detalló, en coordinación permanente con los comisarios de la zona se incrementó la presencia de personal militar y se atienden las demandas de educación, salud e infraestructura.
En este año, dijo, hay un presupuesto importante para la región de la Sierra de 259 millones de pesos.
“Hemos dialogado con una parte importante de la Sierra, que corresponde a Técpan de Galeana–El Balcón, Santa Rosa de Lima–El Durazno, Puerto del Gallo y localidades que colindan con la Tierra Caliente”.
La Octava Región ya está oficializada en un decreto, recordó el funcionario, y dijo que en los hechos se está actuando. “Hay presupuesto, lo reconocen ellos”, dice.
Pero para Saúl López Sollano, delegado general de gobierno de la Sierra, la presencia militar y el apoyo del gobierno del estado es insuficiente en una zona abandonada históricamente.
López Sollano fue integrante de la guerrilla en los setenta y del Ejército Popular Sandinista de Nicaragua; también ha sido dirigente estatal del PRD, diputado local y senador suplente.
Explica que poblados enclavados en la sierra están prácticamente aislados, como El Durazno. Para acceder a los servicios de su cabecera municipal sus habitantes tienen que atravesar la sierra y lugares inhóspitos o viajar por horas hacia la Costa Grande, Acapulco, Chilpancingo y la zona norte para llegar a Coyuca de Catalán.
Para construir una nueva carretera, por ejemplo, de Toro Muerto–Puerto del Gallo a las Coronillas, tendrían que pasar 100 años, debido a que cada año se tiene autorizado la construcción de un kilómetro, por eso propone la instalación de módulos de maquinaria en la zona.
“Pero hablando de seguridad las cosas son más difíciles porque no basta con lo que hay de resguardo militar, en esa zona hay una especie de cuartel que luego lo quitan y no es suficiente”.
Los pobladores de la región, reveló, plantean volver a las guardias rurales que están contempladas en la ley y que son organismos que dependen del Ejército.
“Tienen que estar entrenándolos, los tienen que estar vigilando y todos sus miembros tienen que contar con disciplina militar, eso es lo que plantean”, dijo el funcionario.
Y enfatiza: “Falta interlocución con el propio gobierno del estado y gobierno federal”.
Para el coordinador de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García, lo primero que debe garantizar la autoridad formal es el libre tránsito en todas las regiones.
“Dicen que hay una Octava Región, que es la Sierra, pero en realidad no existe. En Guerrero hay siete regiones (legales), pero en realidad hay como 18 regiones donde hay control territorial y donde mucha gente no puede transitar de un lado a otro”.
Asegura que la principal demanda de la gente de la Sierra son las carreteras y de ahí se vienen los servicios de salud, educación, electricidad, comunicación por internet y luego los programas de gobierno como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizante Gratuito y los precios de garantía.
El comisario Alberto Bravo confió a Proceso que por última ocasión le van a otorgar el voto de confianza a las autoridades.
Si la situación no cambia, dijo, todos los pueblos que están padeciendo la violencia tendrán que decidir entre dos opciones:
“O nos vamos todos los pueblos afectados a solicitar asilo a Estados Unidos o nos unimos a un cártel”.
García Jiménez, a su vez, aseguró que en el momento más álgido de la guerrilla de Lucio Cabañas hubo 102 guerrilleros en las columnas armadas y que tras ellos fueron 25 mil efectivos del Ejército asesorados por la inteligencia de los Estados Unidos.
“Desde luego su fuerza es que estaban implantados en las comunidades, había apoyo, pero había 25 mil soldados tras ellos, asesorados con inteligencia gringa.
“No es posible, no estoy pidiendo que haya una guerra, pero hay formas de inteligencia que se puede hacer para que ahora no se le haga daño a la gente y no se viole a la ley, quiere decir que estamos en una tierra de nadie”.
Con información de Proceso