Cancún.- El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún otorgó a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) el amparo mediante el cual seguirá otorgando el servicio en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
El juicio de amparo interpuesto por la empresa concesionaria es contra el decreto 195, aprobado por la Décimo Séptima legislatura, que pretende cancelar la prórroga otorgada en la concesión del servicio de agua potable hasta 2050.
Desde el 28 de diciembre de 2023, Aguakan obtuvo una suspensión provisional contra la entrada en vigor del decreto 195 que abrogó la prórroga del título de concesión por 30 años más y ordenaba la entrega de los recursos y bienes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) el 31 de diciembre.
El juicio de amparo entró en suspensión de trámite, ya que el 17 de enero el Poder Legislativo, por vía de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), interpuso un recurso de queja contra el acuerdo que admitió la demanda de amparo de Aguakan, el cual fue turnado a un tribunal colegiado.
Por su parte, la gobernadora Mara Lezama presentó, a través de la consejería jurídica, un recurso de queja contra la concesión de la suspensión provisional, el cual fue declarado infundado por el Segundo Tribunal Colegiado.
Ante esta avalancha de acusaciones, Aguakan promovió una ampliación de la demanda de amparo, sobre la cual el juzgado se reservó resolver debido a la suspensión del procedimiento, así como también el de acordar sobre el contenido del informe justificado y anexo que presentó una de las autoridades responsables, sin precisar si se trató del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, que aparecen como demandados.
La suspensión provisional podría ser revocada por el juez en la audiencia incidental correspondiente, la cual originalmente se programó para el 4 de enero, pero se reprogramó en dos ocasiones, una para el 12 de enero.
Para el 19 de enero, fecha en la que el juez concedió la suspensión definitiva por lo que el decreto el decreto de la Legislatura que finaliza la concesión que da en suspensión mientras no concluya el juicio de amparo por lo que la empresa seguirá prestando el servicio en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
