Los problemas que enfrentará la población con la salida de Aguakan serán de salud debido al agua contaminada y/o escases del servicio, pero el más agudo será el económico / El gobierno del estado tendrá que distraer recursos públicos de rubros sustanciales para un largo proceso jurídico, indemnizar a la empresa y echar a andar la maquinaria del nuevo servicio de agua potable y alcantarillado
Por Alejandro Vargas
Los diputados locales y el gobierno del estado tendrán que ser muy responsables con la decisión que tomen sobre al futuro de la empresa Aguakan, encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en las zonas de concesión; de lo contrario provocarán un grave problema que afectará principalmente a la población.
En el posible escenario que se le retire la concesión a Aguakan, la encargada de ofrecer el servicio sería la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, y por ahora esta dependencia no tiene capacidad económica ni de infraestructura, hecho que sin duda generará una problemática de escases de agua, sanitaria, pero sobre todo económica.
Esto porque el gobierno entrante tendría que desembolsar una cantidad de varios miles de millones de pesos para emprender el largo proceso jurídico, luego indemnizar a la empresa, situación que difícilmente podrá hacer dada la coyuntura que enfrentará la próxima administración.
Sin embargo, lo que por ahora se espera es un largo y costoso proceso jurídico que debe emprender el gobierno del estado por medio de la CAPA, contra la empresa concesionaria. En principio la paraestatal deberá demostrar que efectivamente la concesionaria incurrió en algunas faltas que ameriten el retiro de la concesión.
Como se recordará, el pasado 5 de junio se realizó la consulta popular sobre la permanencia de Aguakan en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad. En los tres primeros se alcanzó el porcentaje a la pregunta no.
El procedimiento que sigue es que el resultado de la consulta será enviado al Congreso del Estado en donde las y los diputados analizarán si es vinculante o no, y analizar las cláusulas de la concesión para no incurrir en algunas violaciones al acuerdo.
Más tarde, los mismos legisladores enviarán su decisión el gobierno del estado, para que instruya a la CAPA a iniciar el procedimiento jurídico. A la dependencia le toca detallar los pormenores sobre las quejas ciudadanas y otras posibles omisiones de la concesionaria que llevará a los alegatos.
Y es que desde el punto de vista jurídico no basta con que el pueblo haya votado en contra de la concesión, sino que ahora se tiene que comprobar que la empresa encargada del servicio de agua potable y el alcantarillado realmente haya incurrido en omisiones.
Este será el largo trayecto que tendrán que enfrentar las y los diputados de Quintana Roo junto con el nuevo gobierno, y para decidir. También deberán tomar en cuenta la inversión que ha hecho Aguakan en los municipios donde está concesionado el servicio de agua potable y alcantarillado.
La concesión surgió de una necesidad. En la época del gobernador Mario Villanueva Madrid, fue cuando entró Aguakan al estado y desde ese tiempo la concesionaria empezó a realizar inversiones porque el gobierno del estado no tenía la capacidad económica para brindar ese servicio ni tampoco dinero para instalar infraestructura de agua potable y alcantarillado que exigía el acelerado crecimiento de Cancún, y más tarde de los otros municipios.
Hoy se tiene que considerar que hay un deterioro económico de la población debido a la crisis y eso les está impactando en el servicio del agua. Por ahora el problema no es si es bueno o es malo el servicio de Aguakan, sino que las condiciones económicas del país están afectado el cobro del agua potable y las finanzas de los gobiernos estatales y municipales.
En los próximos meses, tocará al Congreso y al gobierno del Estado ser muy responsables con la decisión que van a tomar sobre el futuro de la concesión. Ello puede impactar a la ciudadanía si el gobierno no le da un buen servicio de agua potable y alcantarillado.
Y si bien estos problemas pueden ser de salud por agua contaminada o escases del servicio, el principal problema será económico porque el gobierno del estado tendrá que distraer recursos públicos de rubros básicos para echar a andar la maquinaria del servicio de agua potable y alcantarillado.
