Veracruz.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció un derrame de crudo después de la explosión de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrido el pasado 6 de abril en la Sonda de Campeche, que ocupa una área aproximada de 390 kilómetros cuadrados.
“Pemex se refirió a este siniestro como un conato de incendio, pero la realidad no coincide con los hechos. Sabemos que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y nueve más resultaron heridos. Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en siniestros de Pemex desde 2009”, resaltó.
La organización responsabilizó tanto a Petróleos Mexicanos como a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), encargados de garantizar la seguridad y la preservación ambiental de las operaciones en la Sonda de Campeche.
El siniestro fue detectado a través de imágenes satelitales y lo activistas calculan que comenzó el 22 de marzo pasado y que hasta el 9 de abril seguía activo; el área afectada habría alcanzado 18 días de fuga ininterrumpida.
Aseguran que el derrame de crudo, que tiene una dimensión similar a la denunciada por varias de las organizaciones firmantes en julio del año pasado, no ha sido reportado por las autoridades correspondientes.
Por ello, exigieron “información transparente, medidas de atención, mitigación y de no repetición; y una conversación sobre Pemex y la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su innegable responsabilidad frente a la crisis climática”.
En un documento firmado por los inconformes, subrayan la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en México.
Exigen no considerar la explosión del 6 de abril como un mero accidente y lo ubican como la “consecuencia inherente de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles”.
Puntualizan que “la principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en estas operaciones, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA)”.
Acusan un aumento del 152% en la frecuencia de “accidentes” de Pemex, en los dos últimos años, a la par de una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones.
Ello, señalan, evidencia que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente.
La CEMDA exigió a las autoridades correspondientes que informen con claridad sobre el siniestro ocurrido en Akal-B, sus impactos y las medidas que se tomarán para prevenir la repetición de estos incidentes.
También demandan información sobre las acciones para atender el derrame de petróleo detectado y para la mitigación de sus impactos en los ecosistemas marinos, la salud de las personas y los medios de subsistencia de las poblaciones costeras.
Entre las organizaciones firmantes, están la Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos, CartoCrítica A.C, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C.
