El proceso electoral que inició el 8 de septiembre de 2017 se ha teñido de rojo, por el asesinato de 63 candidatos a puestos de elección, así como alcaldes, exalcaldes, regidores e integrantes de partidos políticos en diferentes entidades del país.
La ola de crímenes políticos, que en promedio es uno cada tres días, inició el mismo día en que comenzó la contienda, con el asesinato en Veracruz, de Ángel Viveros López, asistente particular de la diputada Regina Vázquez Saut. El homicidio más reciente, fue en contra de Guadalupe Payán Villalobos, quien era el tesorero de Ignacio Zaragoza y aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
Los políticos fueron asesinados con armas de fuego, calcinados, o incluso sus cuerpos fueron encontrados desmembrados, como fue el caso de Jaime Rodríguez González, regidor de Jolalpa, Puebla, en octubre de 2017.
El registro de los homicidios contra candidatos, políticos y expolíticos, así como militantes que lleva a cabo Excélsior, indica que el mayor número se registró en Guerrero, donde a poco más de seis meses de iniciar el proceso, suman 11 muertes.
Le sigue Veracruz, siete; Puebla, siete; Oaxaca; Hidalgo, cuatro; Estado de México cuatro; mientras que en San Luis Potosí dos y en Jalisco, tres, según el conteo en todo el país.
Las entidades donde por el momento no se ha presentado ningún asesinato son: Baja California Sur, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Morelos.
Veinticinco de los asesinatos son contra personas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 14 contra integrantes del PRD; seis contra políticos del Partido Acción Nacional (PAN), cuatro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); tres de usos y costumbres y dos de Movimiento Ciudadano (MC).
La lista también incluye homicidios en contra de políticos afiliados a Nueva Alianza (Panal), del Partido Humanista (PH), Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo (PT), así como uno del Partido de los Pobres de Guerrero.
Las amenazas
Además de los asesinatos contra los aspirantes, funcionarios y exfuncionarios, así como integrantes de partidos políticos, también se encuentran atentados, amenazas físicas y verbales, así como secuestros y homicidios, en contra de familiares.
Fuentes del gabinete de seguridad nacional informaron que algunos de los crímenes fueron atraídos por las procuradurías y fiscalías de las entidades, mientras que, en otros casos, la Procuraduría General de la República (PGR) inició carpetas de investigación para determinar si están relacionadas con cárteles o grupos del crimen organizado.
El pasado mes de febrero, la consultoría Etellekt, presentó un informe en el que alerta sobre el incremento de los asesinatos y ataques en la contienda electoral, lo que puede originar afectaciones mayores.
“El equipo de analistas de Etellekt Consultores anticipa nuevos picos de violencia en el ámbito local conforme terminen los procesos de selección de cada fuerza política y el registro definitivo de sus candidatos a los puestos de elección municipal y estatal”, menciona el documento Primer Informe de Violencia Política en México 2018.
Las agresiones se han presentado a nivel municipal, sin embargo, la consultoría menciona que esto puede cambiar, y comenzar agresiones contra candidatos a puestos federales, gubernaturas.
“Etellekt Consultores recomienda al Instituto Nacional Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y agencias de seguridad federales, el establecimiento de protocolos de atención a candidatos y políticos en situación de riesgo”, manifestó.
Son agredidos funcionarios de Chiapas por inclumplimientos
TUXTLA GUTIÉRREZ.—Por falta de obras en los municipios, una veintena de alcaldes y funcionarios municipales han sido agredidos, por ciudadanos que exigen cumplimiento de obras, como calles pavimentadas, escuelas, agua potable, seguridad y alumbrado público.
El último caso de agresión a un servidor público registrado fue en el municipio de Amatán, donde un ministerio público, de nombre Ricardo “N”, fue amarrado y golpeado por desatender una denuncia sobre el despojo de un predio provocado por el presidente municipal del lugar.
El funcionario intentó huir, pero fue cazado por la turba que lo dejo semi desnudo. La Fiscalía de distrito y subsecretaria negociaron por varias horas su liberación.
Asimismo, un grupo de pescadores de la comunidad El Congreso, municipio de Tonalá, amarraron y mantuvieron bajo el sol a Nicolás Magariño del Porte, para exigir el pago del programa Pescando con el Corazón, un recurso del estado que desde el año pasado dejaron de recibir sin explicación alguna. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de marzo.
En El Bosque, Chilón, Chenalhó, Motozintla, Siltepec, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Amatan ha habido ataques, según las propias autoridades locales. (Información Excélsior/ Fotografía Excélsior)
