Al sellar la frontera sur para detener la migración de indocumentados, el gobierno federal debería asumir su responsabilidad de frenar también el tráfico de armas, drogas y lavado de dinero con que operan los grupos criminales que han disparado la violencia en estados como Quintana Roo.
Tras una semana de negociaciones entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump informó que los aranceles que impondría al país a partir del lunes quedan “suspendidos indefinidamente”.
Como parte del mismo acuerdo, el canciller Marcelo Ebrard anunció que México aceptó reforzar su frontera sur con el despliegue de la Guardia Nacional, para frenar la migración de indocumentados.
El gobierno federal ha reconocido la corrupción y por tanto, la porosidad de las aduanas fronterizas al tráfico de armas, drogas y personas; sin embargo, hasta el momento no hay un plan efectivo para frenarlo.
En el sur del país la crisis generada por las caravanas de migrantes ha visibilizado la porosidad de esta frontera, de la cual se han aprovechado por décadas los grupos delictivos para introducir armas, drogas y personas vinculadas con la escalada de violencia en varios estados del país como Quintana Roo.
Sin duda, es una tarea urgente del gobierno federal incrementar el número de militares para frenar el paso de indocumentados, pero también debería serlo aumentar el número de policías federales y agentes de Migración para garantizar la seguridad y la paz en la zona.
El aumento en los índices de inseguridad en Quintana Roo, así como en varios estados del país, está relacionado con los homicidios dolosos o “ejecuciones”, el uso de armas de fuego, el tráfico de indocumentados, el narcotráfico y, en general, el crimen organizado.
Para combatir esos delitos el gobierno federal recibe el 92% del presupuesto destinado a las funciones de Seguridad Pública pero, en la práctica, continúa la porosidad en aduanas donde ingresan ilegalmente las armas con las que son cometidos el 90% de los crímenes violentos, y hay descontrol migratorio que permite extorsiones como las de los colombianos del Gota a Gota, además de deficiencias en el combate al lavado de dinero como principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales.
Esa es una tarea pendiente que el gobierno federal no puede soslayar más.
